El nombre de Héctor Portales Ávila, empresario potosino y cuñado del Alcalde de Ébano, salió a la luz tras su detención como presunto integrante de la red que introdujo al País millones de litros de gasolina en buques sin pagar impuestos. Su caso destapa un entramado en el que confluyen negocios, poder político y contratos con Pemex.
Ébano, SLP — La operación federal contra el huachicol fiscal que derivó en la captura de marinos, agentes aduanales y empresarios alcanzó a Héctor Portales Ávila, originario de Ébano, San Luis Potosí. Según la investigación, su papel fue clave en la logística de transporte y almacenamiento de combustible introducido con pedimentos falsos por la aduana de Tampico, Tamaulipas.
El empresario es cuñado del Alcalde panista de Ébano, José Guadalupe Ordaz Cruz, y familiar de Gerardo Sánchez Zumaya, conocido empresario de la Huasteca y exaspirante a la candidatura de Morena al Gobierno estatal. Sánchez Zumaya es propietario de Petrogesa, compañía que recibió contratos millonarios de Pemex entre 2021 y 2024, y que fue denunciada por la posible operación de una red de lavado de dinero a través de esas transacciones.
De acuerdo con los registros, Portales Ávila figuraba como apoderado legal de Mefra Fletes y secretario del Consejo de Administración en Autolíneas Roca, dos compañías utilizadas para el traslado del combustible desde el puerto hasta el centro de almacenamiento El Sauzal. Desde ahí se distribuía el hidrocarburo proveniente de buques como el Torm Agnes, asegurado a principios de año en un operativo federal.
El detenido no era un desconocido en la vida política de Ébano. En 2015, Portales fue aspirante a la Alcaldía por el PRI y, en su trayectoria pública, mostró cercanía con figuras de peso. En imágenes difundidas en redes sociales aparece acompañado por el exgobernador Juan Manuel Carreras López (2015-2021), lo mismo que en fotografías donde comparte espacio con su pariente Sánchez Zumaya.
Las conexiones reveladas por la investigación colocan al centro del escándalo a una red que entrelaza a empresarios, políticos locales y compañías contratistas de Pemex, con ramificaciones que alcanzan el ámbito partidista y electoral. Las indagatorias continúan, pero los vínculos familiares y políticos de los implicados ya ensombrecen el panorama de la lucha contra el huachicol fiscal en la región de la huasteca potosina.
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