La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró ante el Senado que las investigaciones sobre el huachicol fiscal continúan y advirtió que “más personas serán procesadas de manera inmediata”, al tiempo que reafirmó el compromiso del gobierno federal con la política de cero corrupción y cero impunidad.

CDMX — Durante su comparecencia ante el Senado de la República, la titular de Gobernación enfrentó cuestionamientos del coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien pidió “castigar a los responsables del huachicol fiscal de Morena, tope donde tope”, y planteó reducir el precio de la gasolina a 10 pesos por litro, al considerar que ese sería el costo real si se eliminara el desvío de recursos.

“Si el gobierno reconoce la magnitud del atraco, ¿quién se robó todo ese dinero y dónde está?”, cuestionó Anaya. “Que se llegue hasta las últimas consecuencias, no con seis funcionarios menores, sino tope donde tope”, añadió el senador durante su intervención.

En su respuesta, Rosa Icela Rodríguez subrayó que la lucha contra el huachicol fiscal forma parte de una estrategia conjunta encabezada por la Secretaría de Marina y respaldada por instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación. “No, no se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”, puntualizó.

La funcionaria federal afirmó que, a diferencia de administraciones pasadas, el actual gobierno “no espera a que otros países actúen” para perseguir estos delitos. “Hoy nosotros sí servimos y rendimos cuentas al pueblo”, dijo, recibiendo aplausos de legisladores en el pleno.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se sostiene una política real de cero corrupción y cero impunidad. “No se trata de un eslogan, sino de un compromiso con la población”, enfatizó. Añadió que los funcionarios detenidos por este delito fueron investigados por el propio Gobierno de México y enfrentan sanciones conforme a la ley.

Al cierre de su intervención, insistió en que “nosotros no pactamos con criminales” y que cualquier servidor público que cruce la línea será denunciado para su investigación y castigo por las autoridades competentes.

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