Con 339 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley contra la Extorsión que reduce las penas a los servidores públicos que no denuncien este delito, bajo el argumento de mantener la proporcionalidad penal. La medida desató críticas por su posible uso político y por riesgos de censura a medios.
CDMX — El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley contra la Extorsión para reducir las sanciones a los servidores públicos que, teniendo la obligación de denunciar este delito, omitan hacerlo. La reserva fue avalada con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, y será enviada al Senado de la República para su análisis.
Con la reforma, la pena para los funcionarios que no informen sobre actos de extorsión disminuye del rango de 10 a 20 años a 5 a 12 años de prisión. El argumento central es la necesidad de mantener proporcionalidad entre delitos y castigos, evitando que quien omite denunciar reciba una sanción mayor que el propio extorsionador.
El diputado Ricardo Monreal, de Morena y principal impulsor de la reserva, justificó la medida al señalar que “no se le puede aplicar una pena más alta al que omite informar que al extorsionador mismo”. Según Monreal, la reforma corrige un exceso legislativo y busca armonizar la tipificación penal en el país.
No obstante, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la modificación, acusando que su trasfondo es político. El diputado David Azuara afirmó que la iniciativa “tiene nombre y apellido”, en referencia al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien enfrenta un proceso judicial por presunta extorsión. Desde la oposición, la reducción de penas fue vista como un intento de protección institucional disfrazado de ajuste técnico.
El vicecoordinador panista Héctor Saúl Téllez advirtió además que la nueva ley, al ampliar el tipo penal e incluir conceptos como “violencia moral o psicológica”, podría derivar en riesgos de censura a medios de comunicación y periodistas, ya que abre la puerta a sancionar expresiones críticas o satíricas bajo criterios ambiguos.
La Ley contra la Extorsión, aprobada en lo general, unifica la tipificación del delito en todo el país y contempla penas de hasta 25 años de prisión para los responsables. También introduce 34 agravantes clasificadas según el daño a las víctimas y el impacto social, configurando un marco más estricto frente a la criminalidad, pero con una excepción notable: la flexibilización punitiva hacia funcionarios omisos.
En el plano fiscal y político, la reforma refleja una tendencia de ajuste selectivo del poder punitivo del Estado: se endurecen sanciones generales mientras se suavizan responsabilidades administrativas y de denuncia, lo que alimenta la percepción de asimetría jurídica en la aplicación de la ley.
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