El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, reconoció que Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán el 20 de octubre, “rompió el protocolo de seguridad” antes de ser ejecutado. Su muerte reavivó el temor en la Tierra Caliente y dejó al descubierto el control absoluto de los cárteles sobre la producción del limón y el aguacate en Michoacán.
Apatzingán, Mich. — El homicidio de Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, exhibe el entramado criminal que durante más de una década ha impuesto cuotas, amenazado a productores y desatado una guerra silenciosa en el campo michoacano. Su historia repite la tragedia de su padre, “Don Berna”, secuestrado, torturado y asesinado hace casi diez años por negarse a pagar las cuotas del crimen organizado.
Hoy, la región es disputada por cinco organizaciones: el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Los Templarios y Los Viagras. Pese al despliegue de más de 500 elementos federales y estatales y la instalación de un cuartel militar con inversión de 13 millones de pesos, el poder de estas células se mantiene intacto.
Los productores denuncian que las cuotas se han duplicado: de 2 a 4 pesos por kilo de limón cortado. El sometimiento es total —dicen—, pues deben pagar tanto al cártel dominante como a grupos locales que exigen un segundo “derecho de piso rural”.
“Nos cobran por sacar el limón, por venderlo y hasta por cargarlo al camión. Si no pagas, te desaparecen”, relató un productor de Apatzingán. La misma extorsión se replica en el negocio del aguacate, donde el cobro se aplica al productor, al empacador y al transportista.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la principal presión proviene de Los Viagras y su brazo armado, Los Blancos de Troya, liderados por los hermanos Sierra Santana: Nicolás, Francisco, Mariano y Gabino. Su dominio abarca los municipios de Apatzingán y Buenavista, enclaves estratégicos para el trasiego de metanfetaminas y armas.
En el tablero criminal también operan Los Templarios, quienes tras la disolución de las autodefensas en 2014 encontraron una vía de retorno con la Fuerza Rural, legitimando su presencia armada. En 2018, Juan José Farías “El Abuelo” rompió con el CJNG y fundó el Cártel de Tepalcatepec, alimentando una nueva fase del conflicto.
El resultado es un control total de la economía agrícola, donde cada kilo de fruta cortado es moneda de extorsión y cada productor un rehén. En medio de ese cerco, Bernardo Bravo se atrevió a denunciar, promovió la instalación del cuartel militar y se convirtió en símbolo de resistencia. Su asesinato, frente a la mirada impotente del Estado, confirma que en Michoacán la ley sigue siendo dictada por los cárteles.
En el ámbito político, la reacción fue tan ambigua como reveladora: diputados locales se ausentaron hoy de la sesión solemne en “señal de duelo”, pero la noche anterior fueron vistos celebrando hasta la madrugada. La doble moral del poder acompaña al miedo que se respira en los campos limoneros.
La muerte de Bravo no sólo exhibe la fragilidad del Estado en Michoacán, sino también el fracaso de las políticas de seguridad rural: el campo produce bajo la sombra del crimen, y quienes lo defienden son los primeros en caer.
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