Con una abrumadora mayoría de 338 votos a favor contra apenas 129 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una de las transformaciones más profundas al sistema aduanero mexicano de los últimos años.
CDMX — El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promete modernizar el comercio exterior del país, pero también concentra facultades inéditas en nuevas estructuras de vigilancia y control que plantean interrogantes sobre su aplicación práctica.
La reforma de la Ley Aduanera llega en un momento crítico: México enfrenta presiones internacionales por el tráfico de mercancías ilegales, la subfacturación sistemática y el contrabando tecnificado que le cuesta miles de millones de pesos anuales en recaudación perdida. El gobierno federal apuesta por la digitalización y el endurecimiento de sanciones como fórmulas para recuperar el control de las fronteras comerciales.
En el corazón de esta transformación está la creación del Consejo Aduanero, un órgano que será presidido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que asumirá el poder de otorgar, suspender, cancelar o extinguir patentes de agentes aduanales, así como las autorizaciones de agencias aduanales y sus prórrogas. Esta concentración de facultades en una sola instancia marca un giro hacia la centralización de decisiones que antes estaban dispersas en distintas autoridades.
Agentes aduanales: más tiempo, más control, menos margen de error
Los agentes aduanales —figuras clave en el despacho de mercancías que cruzan las fronteras mexicanas— verán extendida la vigencia de su patente de 10 a 20 años, pero deberán certificarse cada tres años para demostrar que cumplen con estándares técnicos y éticos. Se trata de una doble señal: mayor estabilidad profesional, pero también escrutinio constante. Aquellos que fallen en sus obligaciones enfrentarán un camino difícil para reingresar al sistema.
Uno de los aspectos más severos de la reforma es la penalización para quienes pierdan su certificación en el Esquema de Certificación de Empresas (OEA). Si un contribuyente ve cancelado su registro, deberá esperar cinco años para solicitar nuevamente su ingreso. Y si la cancelación deriva de la comisión de delitos fiscales, la puerta se cierra de forma permanente: no habrá segunda oportunidad. Este candado busca elevar el costo de la corrupción y el fraude, pero también genera preocupación entre operadores que temen que errores administrativos puedan costarles la exclusión definitiva.
La reforma ataca con particular dureza a los recintos fiscalizados estratégicos, espacios donde se almacenan mercancías bajo control aduanero antes de su ingreso formal al país. Estas instalaciones, que operan como zonas de diferimiento arancelario, han sido identificadas como puntos vulnerables para la salida irregular de productos sin el pago de impuestos. El nuevo marco legal impone sanciones más severas a los recintos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades para su retorno al extranjero o sin que se hayan cubierto las contribuciones correspondientes.
Tecnología y alianzas estratégicas: la apuesta digital
La modernización tecnológica es otro pilar de la reforma. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quedan facultados para celebrar convenios en materia informática y de tecnologías con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La intención es clara: construir un ecosistema digital que permita el rastreo en tiempo real de mercancías, la verificación automática de documentos y la detección temprana de irregularidades.
Para las empresas de mensajería y paquetería, la reforma introduce un procedimiento simplificado que busca agilizar el despacho aduanero de envíos de bajo valor. La ANAM tendrá la facultad de otorgar autorizaciones especiales a estas compañías, reconociendo la explosión del comercio electrónico transfronterizo y la necesidad de adaptar los procesos a volúmenes de operación cada vez mayores.
Entre los cambios nomenclaturales, el texto actualiza la denominación de Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado, y reemplaza al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alineándose con la retórica del actual gobierno.
El régimen transitorio establece que las patentes y autorizaciones otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto tendrán una vigencia de veinte años, con posibilidad de prórroga por un plazo igual. Sin embargo, las solicitudes deberán presentarse durante el último año de vigencia y antes de los últimos cuatro meses de conclusión, cumpliendo con los requisitos que el SAT establezca mediante reglas. Aquí radica una debilidad potencial: la discrecionalidad administrativa podría generar incertidumbre para los operadores que busquen renovar sus autorizaciones.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán (PAN), informó que se presentaron propuestas de modificación a más de 60 artículos del proyecto de decreto, además de los ocho artículos transitorios, lo que refleja la complejidad técnica y las tensiones políticas que rodean esta reforma.
El dictamen ahora enfrenta su discusión en lo particular, donde cada artículo será sometido a debate. Los 129 votos en contra evidencian que sectores de la oposición mantienen reservas sobre el alcance de las nuevas facultades, el margen de discrecionalidad de las autoridades y los riesgos de sobre-regulación que puedan afectar la competitividad del comercio exterior mexicano.
México se encuentra en una encrucijada: necesita blindar sus aduanas contra el fraude y el crimen organizado, pero debe hacerlo sin asfixiar la operación legítima de miles de empresas que dependen del comercio internacional. La reforma aprobada representa una apuesta ambiciosa, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementarla con eficiencia, transparencia y sin caer en la arbitrariedad. El reloj corre, y los agentes económicos observan con atención —y no poca inquietud— cómo se ejecutará esta transformación en los meses venideros.
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