Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla y apoyado por la SEDENA derivó en un enfrentamiento con pobladores de Tlachichuca, quienes impidieron por segunda ocasión el cumplimiento de una orden de cateo en propiedades vinculadas a la familia González Vieyra, exalcaldes de la región de Serdán.

Tlachichuca, Pue. — Durante la madrugada, agentes investigadores de la Fiscalía intentaron ejecutar una orden de cateo autorizada por un Juez de Control en la región judicial Oriente. Sin embargo, al llegar al sitio, un grupo de personas con el rostro cubierto bloqueó la diligencia e impidió el acceso a los inmuebles. De acuerdo con la autoridad, los manifestantes estarían relacionados con los González Vieyra, tres hermanos que actualmente se encuentran en prisión.

La Fiscalía difundió un comunicado en el que condenó los hechos y advirtió que continuará con las acciones jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. “Ninguna persona está por encima de la ley”, señaló la institución, al tiempo que hizo un llamado a respetar la legalidad y al Estado de derecho.

Sin embargo, la intervención provocó una fuerte reacción entre los habitantes de Tlachichuca y simpatizantes de los exalcaldes. Denunciaron que los cateos se realizaron “en la madrugada, sin avisar, sin mostrar documentos y acompañados de militares”. Para muchos pobladores, la operación no fue un acto de justicia, sino una muestra de hostigamiento político y de abuso de autoridad.

“Ya tienen a los tres hermanos González Vieyra en la cárcel, ya tomaron el control de las presidencias municipales de Ciudad Serdán, San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca, ¿para qué quieren entrar a sus propiedades a escondidas también?”, expresó un habitante inconforme, al señalar que la población “salió a defender lo suyo” ante lo que consideran una persecución dirigida.

En el fondo del conflicto persiste una fractura política regional: los González Vieyra mantienen influencia social y redes locales que siguen activas, mientras que el gobierno estatal intenta consolidar el control institucional tras su caída.

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