El gobierno de Puebla puso en marcha una auditoría extraordinaria a la Secretaría de Educación Pública estatal para investigar la entrega irregular de plazas docentes y el otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE). La revisión abarcará expedientes desde 2015, durante la administración del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle.

Puebla de Zaragoza, Puebla. — José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobierno estatal, informó que la auditoría inició el martes 18 de noviembre tras una reunión encabezada por el gobernador Alejandro Armenta con autoridades de la SEP, la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

"Vamos a estar muy atentos al desarrollo y a los resultados que arrojen, no solamente por el tema de las plazas, sino por todo lo que tiene que ver con estos registros, procedimientos y procesos que se tienen que cuidar en la SEP", explicó el funcionario.

La investigación surge después de que profesores del SNTE 51 protestaran el 13 de noviembre para exigir la liberación de plazas tipo C. Los maestros denunciaron que se había entregado una plaza a Elsa Patricia Chávez Lemus, pariente de la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, y demandaron que se liberaran las restantes bajo el mismo criterio.

Millones de expedientes bajo escrutinio

García Parra reconoció que la auditoría representa un desafío considerable por su magnitud. "Son miles o cerca de millones de expedientes que hay que revisar", advirtió, aunque aseguró que darán seguimiento puntual al proceso. El objetivo es garantizar eficiencia administrativa y calidad educativa en el estado.

El gobernador Armenta responsabilizó al anterior secretario de Educación, Jorge Estefan Chidiac, de heredar pendientes y realizar acciones irregulares durante su gestión.

Otro caso que detonó la auditoría involucra al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández. Según se reveló recientemente, cuando cursó su licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Universitarios (IEU), esta institución no contaba con RVOE. Además, habría obtenido su título en solo dos años, un periodo inusualmente corto para una carrera universitaria.

Las autoridades estatales han prometido informar los resultados cuando la investigación avance, evitando adelantar datos que puedan comprometer el proceso. La auditoría busca transparentar una década de gestión educativa en Puebla y sentar precedentes para futuras administraciones.

La auditoría correspondiente representa uno de los esfuerzos más ambiciosos del gobierno de Armenta por combatir la corrupción heredada, aunque el tiempo que tomará revisar millones de documentos desde 2015 mantiene en suspenso tanto a maestros como a funcionarios cuestionados.

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