Sergio David tenía dos carteles en las manos cuando la policía avanzó sobre los manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de noviembre. Su familia lo vio por última vez en actitud pacífica, antes de que lo jalaran entre el tumulto. Segundos después, había desaparecido entre los uniformes.
CDMX — Cuando finalmente pudieron verlo, tenía moretones visibles en el rostro. Ahora enfrenta una acusación de homicidio calificado en grado de tentativa. Tiene 18 años.
El documento oficial de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc —carpeta CI-FICUN/CUH-2/UI-3 C/D/02015/11-2025— es claro: el Ministerio Público solicita custodia permanente para cinco personas detenidas durante la marcha. Además de Sergio David, están Luis Fernando Caballero Escobar de 18 años, Alberto González Mancilla de 26, Fernando Escobar Herrera de 24, Federico Orozco Torres de 65, y Perla Verónica Galván Bernal de 29. Todos acusados de homicidio calificado en grado de tentativa. No hay cadáveres. No hay víctimas de homicidio. Solo jóvenes que salieron a pedir seguridad en un país donde asesinan 17.7 jóvenes de su edad cada día.
Las marchas del 15 de noviembre convocaron a miles en más de 54 ciudades. La Generación Z pedía lo más básico que puede exigirse a un Estado: seguridad para vivir sin miedo, justicia que funcione, fin a la impunidad. No pedían ideología ni revolución. Pedían dejar de ser las 6,463 víctimas de homicidio entre 15 y 24 años que México acumuló en 2024, o los 133,000 desaparecidos que el país niega pero cuenta.
La respuesta del gobierno fue primero difamación. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la convocatoria como "inorgánica", manipulada por la derecha internacional, con cuentas creadas por inteligencia artificial. Luego vino la provocación documentada en video: personas encapuchadas saliendo desde el lado policial de las vallas, desde el perímetro que debía estar bajo control de las autoridades. Esas personas derribaron vallas, lanzaron cohetes, generaron la violencia que el gobierno necesitaba para justificar lo que siguió. El resultado oficial reporta 100 policías lesionados y 40 personas arrestadas, 20 de ellas remitidas ante el Ministerio Público.
Pero la represión no terminó en las calles. Una joven marchista pacífica terminó con la nariz rota tras ser atacada por granaderos. Videos documentan a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana jalando el cabello de manifestantes. Al menos cuatro periodistas fueron agredidos durante la cobertura. Las familias de los detenidos denuncian falta de información y contradicciones oficiales. Algunos fueron presentados ante el Ministerio Público hasta la madrugada del 16 de noviembre, más de 12 horas después de su arresto. La Secretaría de Seguridad ahora investiga 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial, demasiado poco y demasiado tarde.
El patrón que se repite
Este no es un caso aislado. México acumula 27,486 quejas por tortura o tratos crueles ante Comisiones Estatales de Derechos Humanos entre 2006 y 2021, cifra equiparable a las dictaduras más represivas del continente. Una encuesta del INEGI a población penitenciaria reveló que 57.8 por ciento reportó haber sufrido violencia física al ser arrestado, y 38 por ciento confesó delitos solo porque autoridades los golpearon o amenazaron. El Instituto Federal de Defensoría Pública registró 7,779 posibles casos de tortura o malos tratos, con 2,271 denuncias formales entre septiembre de 2019 y mayo de 2021.
Acusar de homicidio a un joven de 18 años por portar carteles no es justicia. Es el uso del sistema penal como arma política. Es la confirmación de que el gobierno mexicano ve a la Generación Z no como ciudadanos con demandas legítimas, sino como amenaza existencial. Sergio David y Luis Fernando Caballero tienen 18 años y enfrentan acusaciones de homicidio por exigir seguridad. La Generación Z ha convocado a otra marcha para el 2 de diciembre. La pregunta no es si habrá más detenciones, sino cuántos jóvenes más serán criminalizados por pedir lo más básico: el derecho a vivir sin miedo.
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