Puebla enfrentará en 2026 un año de restricciones financieras sin precedentes. El Presupuesto de Egresos del Estado, que ascenderá a 131 mil 701.2 millones de pesos, refleja una estructura fiscal frágil, altamente dependiente de recursos federales y sometida a presiones crediticias que amenazan la capacidad de maniobra del gobierno estatal en un entorno económico adverso.
Mexconomy — Del monto total presupuestado, 119 mil 701.2 millones de pesos —equivalentes al 90.9 por ciento— provendrán de transferencias federales, mientras que la recaudación local apenas alcanzará los 12 mil millones de pesos, representando un magro 9.1 por ciento de los ingresos estatales. Esta proporción evidencia una vulnerabilidad: Puebla no controla ni una décima parte de su presupuesto.
El comportamiento de las participaciones federales —que constituyen el rubro más importante con 64 mil 141.3 millones de pesos— muestra un incremento real de 5.3 por ciento, lo que en principio podría interpretarse como positivo. Sin embargo, este crecimiento resulta insuficiente ante el deterioro de otros componentes: las aportaciones federales sufrirán una reducción real de 2.8 por ciento, mientras que los convenios de descentralización y reasignación caerán 1.4 por ciento en términos reales.
Más preocupante aún resulta la ausencia de especificaciones en rubros críticos. Los conceptos de Infraestructura Educativa y Seguridad Pública no aparecen detallados en el proyecto presupuestal, pues su distribución geográfica se determinará con posterioridad a la aprobación del presupuesto, conforme a los artículos 41 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La trampa de la deuda
El panorama se complica cuando se analizan los compromisos crediticios que el gobierno estatal deberá honrar durante 2026. Si bien el estado dejará de pagar los 650 millones de pesos correspondientes al crédito corriente del Museo Internacional Barroco, esta liberación de recursos resulta menor frente a la decisión de liquidar 2 mil millones de pesos en un solo ejercicio fiscal, más vencimientos crediticios de corto plazo, comprometiendo severamente su liquidez en el momento menos oportuno.
El costo de oportunidad de estos compromisos resulta evidente: recursos que podrían destinarse a inversión productiva, infraestructura o servicios públicos deberán canalizarse al pago de pasivos. En un contexto donde el Producto Interno Bruto de Puebla muestra indicadores negativos y la economía nacional enfrenta una desaceleración pronunciada, sacrificar liquidez por compromisos crediticios representa una apuesta de alto riesgo.
Dependencia y vulnerabilidad
La composición presupuestal revela la naturaleza subordinada de las finanzas poblanas. Las participaciones federales representan casi la mitad del presupuesto total (48.7 por ciento), seguidas por las aportaciones federales con 36.8 por ciento. Los convenios de descentralización aportan apenas 5.3 por ciento, completando así el universo de transferencias federales.
Esta arquitectura fiscal deja al gobierno estatal sin márgenes reales de autonomía. Cualquier ajuste o recorte decidido en el ámbito federal impacta directamente la capacidad operativa del estado, que no cuenta con mecanismos propios suficientes para compensar fluctuaciones en las transferencias nacionales.
La recaudación local de 12 mil millones de pesos —menos del 10 por ciento del presupuesto— resulta insuficiente para garantizar estabilidad financiera. Esta debilidad estructural se agrava en un entorno donde se anticipan recortes presupuestarios federales, lo que podría traducirse en una crisis de liquidez para el estado.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿quién asesoró al gobernador Alejandro Armenta en materia financiera? La administración de Armenta transita directo hacia la ruta del endeudamiento primero, y de la ruina después. La contratación este año de un crédito de corto plazo evidencia la severa pérdida de liquidez que le heredó Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Liquidar deuda en 2026 comprometerá y ajustará dramáticamente todo su ejercicio gubernamental. Los errores de cálculo son evidentes: el estado enfrentará reducciones federales severas en seguridad pública —rubro que en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue castigado al transferir recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional para la Guardia Nacional—, mientras los estados deberán asumir los costos operativos de la Marina en sus territorios.
El contexto es demoledor: la federación transita una quiebra técnica tras expoliar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para financiar el IMSS-Bienestar, generando desabastos críticos. A esto se suma la presión estatal del fondo de pensiones y las canonjías concedidas al magisterio durante la anterior administración federal. Sacrificar liquidez estatal en este escenario —cuando el PIB de Puebla registra números negativos y se anticipa una recesión nacional— evidencia una falta de visión estratégica preocupante. Los asesores financieros de Armenta no avizoraron que esta decisión podría resultar catastrófica en el corto plazo, dejando al gobierno sin margen de maniobra justo cuando más lo necesitará. Las limitaciones presupuestales de estados y municipios para fortalecer estrategias reales de seguridad pública, en un entorno donde incluso se discute la posibilidad de intervención estadounidense por la crisis de inseguridad, revelan un error de cálculo mayúsculo cuyas consecuencias apenas comienzan a vislumbrarse.
El incremento total de 5 mil 745.1 millones de pesos respecto al presupuesto 2025 —equivalente a un crecimiento real de 1.5 por ciento— luce modesto cuando se pondera contra las necesidades de infraestructura, seguridad, educación y salud que enfrenta una entidad con más de 6.5 millones de habitantes.
Puebla transitará 2026 en un equilibrio precario: con recursos limitados, compromisos de deuda elevados y una estructura fiscal que la hace completamente vulnerable a decisiones tomadas fuera de su territorio. La pregunta no es si habrá ajustes, sino qué tan profundos serán y en qué áreas impactarán con mayor severidad.
0 Comentarios