Desde 2006, los proyectos federales para pacificar Michoacán han ignorado a las comunidades locales y las particularidades regionales. Tres estrategias fallidas —bajo diferentes gobiernos— dejaron una estela de violencia, desconfianza y ausencia de resultados verificables. El nuevo plan presidencial anunciado tras la crisis política en Uruapan parece seguir la misma ruta.
CDMX — Los intentos de pacificación en Michoacán, centrados principalmente en la región de Tierra Caliente, comparten un patrón: la falta de inclusión de la sociedad civil y la ausencia de diagnósticos basados en las realidades locales. A ello se suman la opacidad en los recursos invertidos y la falta de informes públicos sobre sus resultados. Desde el Operativo Conjunto de 2006, pasando por el Plan Michoacán de 2014 y la estrategia de pacificación lanzada en 2021, el saldo ha sido de mayor fragmentación criminal y pérdida de confianza social.
El Operativo Conjunto Michoacán, implementado en 2006, representó la primera incursión militar a gran escala en el estado. Sin objetivos claros ni evaluación posterior, la ofensiva federal derivó en una escalada de violencia y denuncias por violaciones a los derechos humanos. A menos de un año de su inicio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó más de 50 quejas por abusos cometidos por efectivos militares contra la población civil.
En 2014, un nuevo intento de pacificación fue anunciado con el nombre de “Plan Michoacán: juntos lo vamos a lograr”. Se destinaron más de 45 mil millones de pesos a obras e infraestructura social, pero la intervención se centró en el control político y policial de la región. La incorporación de exagentes de otras corporaciones y el respaldo oficial a grupos de autodefensa derivaron en una proliferación de células criminales. El proyecto concluyó sin resultados tangibles y con acusaciones de corrupción entre sus responsables.
Durante la administración siguiente, en 2021, se presentó un tercer proyecto federal de pacificación. Este se estructuró en torno a tres ejes: apoyos sociales, recursos directos al campo y programas culturales para la prevención de la violencia. Sin embargo, la ejecución fue deficiente y el seguimiento prácticamente nulo. Hasta la fecha, no existen reportes públicos que documenten los avances o impactos de esa política.
Organizaciones civiles y analistas coinciden en que la causa principal del fracaso de las estrategias anteriores radica en la exclusión de la sociedad civil organizada, que mantiene presencia activa en las comunidades más afectadas. Desde el Valle de Apatzingán hasta Coalcomán y Aquila, colectivos locales, iglesias y maestros han elaborado propuestas de prevención, mapas de riesgo y metodologías de documentación que nunca fueron incorporadas a los programas oficiales.
El nuevo plan de pacificación anunciado recientemente para Michoacán mantiene la estructura de las políticas anteriores: reuniones periódicas de seguridad y mesas institucionales sin representación ciudadana. Según el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana del Valle de Apatzingán, la omisión de un espacio formal para la participación social reproduce los errores del pasado y limita la posibilidad de construir confianza entre autoridades y comunidades.
Otras agrupaciones, como la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), consideran que el planteamiento “llega tarde” y excluye a sectores productivos vulnerables, como los jornaleros del limón, históricamente afectados por la extorsión del crimen organizado. Productores citricultores han advertido también sobre la posible infiltración de actores vinculados a grupos delictivos en la administración de recursos destinados al nuevo plan.
A ello se suman cuestionamientos a las instituciones estatales encargadas de la procuración de justicia, señaladas por mantener vínculos con estructuras políticas y económicas relacionadas con la delincuencia organizada. En este contexto, la sociedad civil insiste en que cualquier política de pacificación diseñada desde el centro del país y sin participación local está destinada a repetir el ciclo de simulación y fracaso que ha caracterizado a los planes anteriores.
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