Alejandro Armenta presentó ante el Congreso de Puebla un paquete económico de 131,365.8 millones de pesos para 2026 que revela tanto las metas sociales del gobierno estatal como las profundas vulnerabilidades de las finanzas poblanas.
Mexconomy — El presupuesto, sustentado en un 90.4% por recursos federales, expone la casi total dependencia de las transferencias federales, dejando a la entidad con un margen de maniobra fiscal extraordinariamente estrecho.
La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales, presentó las cifras con optimismo: sin nuevos impuestos, con estímulos al empleo y al campo, y con un 77% del gasto programable destinado a desarrollo social, económico y seguridad. Sin embargo, los números desnudan una realidad preocupante: los ingresos fiscales propios apenas alcanzan 12,517.6 millones de pesos, menos del 10% del presupuesto total, lo que coloca a Puebla en una posición de fragilidad ante cualquier ajuste en las políticas de transferencias del gobierno federal.
El gobernador Armenta enfatizó que el documento financiero se alinea con las políticas nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum y responde a los ejes de justicia, seguridad y riqueza comunitaria del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030. El discurso apunta hacia un modelo humanista que prioriza la atención a "procesos disociativos" mediante inversión en educación, salud, cultura, deporte y arte. La apuesta es clara: atacar las causas estructurales de la violencia y la marginación con 71,376.1 millones de pesos destinados exclusivamente a desarrollo social, más de la mitad del presupuesto.
Pero el análisis detallado del paquete revela fisuras significativas. Del total presupuestado, 30,690.6 millones de pesos —el 23.4%— corresponden a gasto no programable: servicio de la deuda y transferencias obligatorias a los 217 municipios. Este rubro, consume casi una cuarta parte de los recursos antes de que el gobierno pueda ejecutar un solo programa. La herencia financiera y los compromisos ineludibles limitan la capacidad de acción del ejecutivo estatal.
El desglose funcional del presupuesto muestra una concentración notable: 54.3% a desarrollo social, apenas 6.3% a desarrollo económico con 8,251.4 millones de pesos, y 16% a funciones de gobierno con 21,047.6 millones. Esta estructura refleja un dilema clásico de las finanzas estatales en México: se privilegia el gasto social inmediato sobre la inversión productiva que podría generar ingresos propios en el mediano plazo.
La clasificación entre gasto etiquetado y no etiquetado ofrece otra lectura reveladora. Los 55,425 millones de pesos etiquetados —el 42.2%— llegan con destino predeterminado desde la federación, reduciendo aún más el margen de decisión local. Los 75,940.9 millones no etiquetados incluyen tanto los escasos recursos propios como los financiamientos y participaciones federales de libre disposición, pero incluso estos están en gran medida comprometidos con el gasto corriente y las obligaciones estatales.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Pável Gaspar, celebró la entrega del paquete como "un mensaje de respeto institucional", mientras que Elías Lozada, presidente de la Mesa Directiva, destacó el compromiso con finanzas públicas "sanas y transparentes". Ambos legisladores prometieron un análisis riguroso, pero la realidad política sugiere que el margen para modificaciones sustantivas es limitado: el pacto de alineación con las políticas nacionales de Sheinbaum y la estructura federal del presupuesto dejan poco espacio para ajustes de fondo.
Horizonte Fiscal
Los riesgos del Paquete Económico, son evidentes. Primero, la vulnerabilidad ante recortes federales: cualquier ajuste en las transferencias golpearía directamente la capacidad operativa del gobierno estatal. Segundo, la debilidad en la generación de recursos propios limita la posibilidad de responder a emergencias o implementar políticas contracíclicas. Tercero, el compromiso del 23.4% del presupuesto con gasto no programable reduce la flexibilidad para reorientar recursos ante contingencias.
La promesa de "no nuevos impuestos" puede ser políticamente atractiva, pero perpetúa la dependencia federal. Sin esfuerzos por modernizar el catastro, ampliar la base tributaria o mejorar la recaudación —que representaría apenas $12,517.6 millones—, Puebla seguirá siendo un estado financieramente vulnerable, por más que sus $131,365.8 millones de pesos luzcan impresionantes en papel.
El Paquete Económico de Armenta apuesta por la inversión social masiva como estrategia de seguridad y desarrollo. Es un camino legítimo y necesario, pero construido sobre cimientos fiscales frágiles. La verdadera prueba no será la aprobación legislativa —prácticamente garantizada— sino la capacidad del gobierno para construir las bases de una autonomía financiera que hoy simplemente no existe. En un escenario de desaceleración económica nacional o recortes federales, el optimismo de hoy podría convertirse en la austeridad forzada de mañana.
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