Una menor nahuahablante de Huauchinango no pudo presentar denuncia por falta de intérprete; el gobernador Armenta pidió contratar abogados especializados en lenguas indígenas. La menor y su familia acudieron inicialmente al Ministerio Público para denunciar una presunta agresión sexual, pero el MP no formuló denuncia porque “no le entendieron”.
Huauchinango, Pue. — El caso de una menor hablante de náhuatl que no pudo presentar una denuncia en Huauchinango (por violación), reveló nuevamente las limitaciones institucionales para atender a comunidades indígenas en Puebla. Tras conocerse que personal del Ministerio Público no integró una carpeta de investigación porque “no le entendieron”, el gobernador Alejandro Armenta solicitó a la Fiscalía General del Estado una ampliación presupuestal destinada a la contratación de abogados indígenas que puedan fungir como intérpretes en los municipios del interior.
De acuerdo con el reporte oficial, la menor y su familia acudieron inicialmente al Ministerio Público para denunciar una presunta agresión sexual. Sin embargo, al no contar con un perito traductor en lengua náhuatl, indispensable para garantizar la correcta recepción del testimonio, no se formalizó el inicio de la investigación. La situación evidenció la falta de personal capacitado para atender a poblaciones indígenas en zonas donde el náhuatl, y otras lenguas, sigue siendo de uso cotidiano.
La Fiscalía informó posteriormente que, ante la gravedad del caso, se comenzaron las indagatorias desde primeras horas de este martes. Además, la menor, su madre, su abuela y su hermano fueron trasladados al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán, donde recibieron resguardo y atención integral mientras se garantizaban las condiciones para iniciar el proceso ministerial.
Para formalizar la denuncia, se recurrió al acompañamiento de un traductor proporcionado por una asociación civil especializada en náhuatl. Con ello se dio paso a la apertura de la carpeta de investigación y a la búsqueda del o los responsables.

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