La titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero, proyecta ingresos por 131,365 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, sin creación de nuevos impuestos y con una política tributaria alineada al gobierno federal. Sin embargo, un análisis detallado de los requerimientos financieros del sector público poblano revela inconsistencias graves que comprometen la viabilidad de este presupuesto y evidencian un déficit primario que solo podrá cubrirse mediante más endeudamiento.
Advertencia: Este es un artículo largo dada la naturaleza del tema.
Mexconomy — Del monto total proyectado, 119,701.2 millones de pesos —equivalentes al 91.1 por ciento— provendrán de transferencias federales, mientras que la recaudación local apenas alcanzará los 11,663.8 millones de pesos, representando un magro 8.9 por ciento de los ingresos estatales. Esta proporción evidencia una vulnerabilidad que se agrava cuando se contrastan los ingresos oficiales contra los compromisos financieros reales que el estado debe honrar.
Los requerimientos financieros adicionales que el gobierno de Alejandro Armenta deberá cubrir en 2026 ascienden a 7,395 millones de pesos, un monto que la Secretaria Morales Guerrero no contempló en su proyección oficial. Este déficit primario representa el 5.6 por ciento del presupuesto total y equivale al 63.4 por ciento de toda la recaudación local del estado.
El desglose de estos requerimientos revela la magnitud del problema: 3,700 millones de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos que fueron transferidos al IMSS-Bienestar debido a la centralización de la salud pública impulsada por el gobierno federal. Estos recursos, que originalmente debían financiar servicios de salud para la población sin seguridad social en Puebla, ahora se canalizan al sistema centralizado, dejando al estado sin margen para atender necesidades sanitarias locales.
A esto se suma el compromiso de 2,000 millones de pesos para liquidar anticipadamente la Asociación Público-Privada (APP) del Museo Internacional Barroco (MIB). El gobierno de Armenta llegó a un acuerdo en junio de 2025 con el Grupo Hermes y su subsidiaria Peninsular Compañía Constructora para terminar el contrato, evitando así el pago proyectado de más de 10,000 millones de pesos en los próximos años. Sin embargo, esta decisión presenta un problema crítico: Puebla no tiene los 2,000 millones de pesos en efectivo para liquidar este compromiso en 2026.
Los costos operativos de la Secretaría de Marina (SEMAR) representan otro compromiso adicional de 1,000 millones de pesos. Las entidades federativas deben ahora asumir gastos de suministro de recursos materiales, instalaciones, vehículos, combustible y compensaciones económicas adicionales para los elementos destacados en funciones de seguridad pública, lo que además recortará presupuestos municipales. El incremento en jubilaciones y pensiones a cargo del gobierno estatal suma 350 millones de pesos más, mientras que el contrato de prestaciones laborales de los trabajadores de educación no federalizados aumentará 345 millones de pesos.
La pregunta inevitable surge: ¿cómo cubrirá el gobierno de Puebla este déficit de 7,395 millones de pesos? La respuesta es simple y preocupante: mediante más endeudamiento. El estado deberá contraer nueva deuda de corto plazo para financiar estos compromisos, particularmente los 2,000 millones de pesos de la liquidación del MIB, transformando lo que la administración de Armenta calificó como un "logro histórico" en lo que los analistas financieros (mexconomy) identifican como un "error histórico" de cálculo y timing.
Del "logro histórico" al "error histórico"
El esquema de la deuda del Museo Internacional Barroco ilustra con precisión las inconsistencias del manejo financiero estatal. Bajo la APP vigente, el gobierno de Puebla pagaba aproximadamente 523 millones de pesos anuales al Grupo Hermes/Peninsular Compañía Constructora, con una deuda proyectada superior a los 10,000 millones de pesos.
La decisión de liquidar anticipadamente este compromiso mediante el pago de 2,000 millones de pesos en 2026 eliminaría, en teoría, un pasivo de largo plazo considerable. Sin embargo, el estado carece de liquidez para realizar este desembolso. Con una recaudación local de apenas 11,663.8 millones de pesos y un déficit primario de 7,395 millones de pesos por otros compromisos, Puebla deberá contraer nueva deuda de corto plazo para pagar la liquidación del MIB.
Esta operación financiera implica cambiar una deuda de largo plazo con pagos anuales predecibles de 523 millones de pesos por una deuda de corto plazo que concentra 2,000 millones de pesos en un solo ejercicio fiscal, justo cuando el estado enfrenta su peor momento económico en años. El Producto Interno Bruto de Puebla registra números negativos, la economía nacional transita una desaceleración pronunciada, y las transferencias federales en aportaciones caen 2.8 por ciento en términos reales.
Los beneficiarios inmediatos de esta operación son evidentes: el Grupo Hermes/Peninsular Compañía Constructora que cobrarán 2,000 millones de pesos de golpe en 2026, cerrando así un proyecto que nunca alcanzó la rentabilidad proyectada y que ha sido objeto de cuestionamientos desde su concepción. Para estos acreedores privados, es mejor cobrar 2,000 millones inmediatos que 523 millones anuales durante años, considerando el valor presente del dinero y el riesgo de incumplimiento futuro.
Los perjudicados, en cambio, son los contribuyentes poblanos y las futuras administraciones estatales. La nueva deuda de corto plazo que se contratará para pagar la liquidación del MIB tendrá tasas de interés más altas que la APP original, presionará inmediatamente la liquidez del estado y requerirá refinanciamiento constante. Los recursos que podrían destinarse a seguridad pública, infraestructura educativa, servicios de salud o programas sociales se canalizarán al servicio de la deuda.
El costo de oportunidad es brutal: los 2,000 millones de pesos que se pagarán en 2026 equivalen al 17.1 por ciento de la recaudación local total, al 28.4 por ciento de todos los Convenios de Descentralización y Reasignación, al doble del costo operativo de SEMAR, a cuatro veces el incremento de pensiones y a casi seis veces el incremento del magisterio estatal. Esos recursos no estarán disponibles para atender necesidades prioritarias de la población.
Inconsistencias y riesgos
El análisis del comportamiento de las transferencias federales revela asimetrías preocupantes. Las participaciones federales —que constituyen el 48.8 por ciento del presupuesto total con 64,141.3 millones de pesos— muestran un incremento real de 5.3 por ciento, lo que en principio podría interpretarse como positivo. Sin embargo, este crecimiento resulta insuficiente ante el deterioro de otros componentes críticos.
Las aportaciones federales, que representan 48,516.8 millones de pesos y el 36.9 por ciento del presupuesto, sufrirán una reducción real de 2.8 por ciento. Estas aportaciones están etiquetadas para rubros específicos como educación y salud, por lo que su disminución impacta directamente la capacidad del estado para financiar servicios básicos. Los Convenios de Descentralización y Reasignación también caerán 1.4 por ciento en términos reales, aportando apenas 7,043.1 millones de pesos.
El contexto federal agrava la situación. La federación transita una quiebra técnica aún después de concentrar recursos del FASSA para financiar el IMSS-Bienestar, generando desabastos críticos de medicamentos e insumos médicos. El Presupuesto de Egresos de la Federación castigó severamente el rubro de seguridad pública al transferir recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional para la Guardia Nacional, mientras los estados deben asumir los costos operativos de la Marina en sus territorios.
A esto se suma la presión del fondo de pensiones y las canonjías concedidas al magisterio durante la administración federal y estatal anterior, compromisos que no desaparecerán y que seguirán presionando las finanzas estatales año tras año. En este entorno, las limitaciones presupuestales de estados y municipios para fortalecer estrategias reales de seguridad pública resultan evidentes.
Surge entonces la pregunta inevitable: ¿quién asesoró al gobernador Alejandro Armenta en materia financiera? La administración de Armenta transita directo hacia la ruta del endeudamiento y ya se sabe que "gobierno endeudado es gobieno devaluado". La contratación este año de un crédito de corto plazo evidencia la severa pérdida de liquidez que le heredó Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Ahora, la decisión de liquidar anticipadamente esa deuda del MIB mediante nuevo endeudamiento comprometerá y ajustará dramáticamente todo su ejercicio gubernamental en 2026.
Los "asesores financieros" no avizoraron que sacrificar liquidez en este escenario —cuando el PIB de Puebla registra números negativos y se anticipa una recesión nacional— podría resultar catastrófico en el corto plazo. El estado quedará sin margen de maniobra justo cuando más lo necesitará, atrapado entre la presión de los acreedores, la caída de las transferencias federales y el estancamiento económico generalizado.
La recaudación local de 11,663.8 millones de pesos —menos del 9 por ciento del presupuesto total— resulta dramáticamente insuficiente para garantizar estabilidad financiera o autonomía fiscal. Con una dependencia del 91.1 por ciento de recursos federalizados, Puebla no controla su propio destino financiero.
El incremento total de 5,745.1 millones de pesos respecto al presupuesto 2025 —equivalente a un crecimiento real de apenas 1.5 por ciento— luce modesto cuando se pondera contra las necesidades de infraestructura, seguridad, educación y salud que enfrenta una entidad con más de 6.5 millones de habitantes. Pero ese incremento nominal se evapora cuando se consideran los 7,395 millones de pesos de requerimientos financieros adicionales que no están contemplados en la proyección oficial.
La afirmación de la Secretaria Josefina Morales Guerrero de que habrá suficiencia presupuestal "sin nuevos impuestos" oculta una realidad más compleja y menos favorable. Si los ingresos oficiales son 131,365 millones de pesos pero los requerimientos adicionales restan 7,395 millones, el presupuesto real disponible para operación y servicios públicos se reduce a 123,970 millones de pesos, una caída efectiva del 5.6 por ciento respecto a lo anunciado públicamente.
Las opciones del gobierno para cerrar esta brecha son todas negativas: recortar gasto corriente afectando servicios públicos, contraer más endeudamiento agravando el problema estructural, subejercer el presupuesto incumpliendo metas y compromisos, o negociar más recursos federales en un contexto donde la federación no tiene capacidad ni voluntad para transferir recursos adicionales. Puebla no tiene poder de negociación frente a un gobierno federal que atraviesa su propia crisis fiscal.
El discurso oficial de que liquidar el Barroco representa un "logro histórico" que evitará el pago de más de 10,000 millones de pesos en varios años ignora deliberadamente el costo inmediato de esta decisión. El "ahorro" proyectado a largo plazo no compensa la crisis de liquidez que generará en 2026, ni justifica cambiar deuda de largo plazo predecible por deuda de corto plazo más cara.
Puebla transitará 2026 en un equilibrio precario y artificial: con recursos limitados, compromisos de deuda crecientes y una estructura fiscal que la hace completamente vulnerable a decisiones tomadas fuera de su territorio. La pregunta no es si habrá ajustes y recortes, sino qué tan profundos serán, en qué áreas impactarán con mayor severidad, y cuánto tiempo podrá sostener el gobierno estatal este esquema de refinanciamiento antes de que colapse.
Lo que la administración de Alejandro Armenta presenta como saneamiento financiero es, en realidad, un refinanciamiento costoso que traslada el problema hacia adelante mientras aumenta su magnitud. Los contribuyentes poblanos pagarán el costo de estos errores de cálculo mediante servicios públicos reducidos, infraestructura deteriorada y un endeudamiento creciente que hipotecará el futuro fiscal del estado en un contexto de estancamiento económico generalizado. El supuesto "logro histórico" podría convertirse, en retrospectiva, en el "error histórico" que definió y limitó toda una administración gubernamental.
| Concepto | Monto (millones de pesos) | % del Total |
|---|---|---|
| INGRESOS PROYECTADOS 2026 | ||
| Participaciones Federales | 64,141.3 | 48.8% |
| Aportaciones Federales | 48,516.8 | 36.9% |
| Recaudación Local | 11,663.8 | 8.9% |
| Convenios de Descentralización | 7,043.1 | 5.4% |
| TOTAL INGRESOS (Oficial) | 131,365.0 | 100% |
| REQUERIMIENTOS FINANCIEROS ADICIONALES | ||
| Liquidación anticipada MIB (APP) | -2,000.0 | -1.5% |
| FASSA transferido a IMSS-Bienestar | -3,700.0 | -2.8% |
| Costos operativos SEMAR | -1,000.0 | -0.8% |
| Incremento jubilaciones y pensiones | -350.0 | -0.3% |
| Incremento prestaciones magisterio estatal | -345.0 | -0.3% |
| TOTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES | -7,395.0 | -5.6% |
| PRESUPUESTO REAL DISPONIBLE | 123,970.0 | 94.4% |
| DÉFICIT PRIMARIO | -7,395.0 | -5.6% |
Crédito: Elaborada por mexconomy con base en PPEF 2026 y declaraciones oficiales de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla.
Nota metodológica: Los datos de ingresos provienen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para recursos federalizados y de las declaraciones oficiales de Josefina Morales Guerrero para la proyección total. Los requerimientos financieros adicionales se estiman con base en información de convenios federales, compromisos contractuales (liquidación MIB) y estimaciones de obligaciones laborales del estado (pensiones y magisterio). El déficit primario resulta de la diferencia entre ingresos proyectados y requerimientos financieros totales.
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