Después de casi cinco horas de negociación, los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano salieron de la Secretaría de Gobernación con las manos vacías y un mensaje contundente: no aceptarán condicionamientos para dialogar.
Ciudad de México — El subsecretario César Yáñez les exigió retirar los bloqueos que mantienen en al menos 10 estados y cinco cruces internacionales antes de continuar con las pláticas. La respuesta campesina fue inmediata: ampliar las movilizaciones. El Gobierno de la "transformación" repite la vieja receta priista: negociar desde la imposición, criminalizar la protesta y culpar a los manifestantes de las consecuencias de su propia cerrazón.
El dirigente campesino Baltazar Valdez fue directo: "Nosotros nunca nos hemos negado a dialogar, pero no estamos de acuerdo a que nos pongan condiciones. Creo que hemos resistido y creo que tenemos la razón, y si en el Gobierno hay cerrazón el pueblo se los va a demandar". El dirigente expuso la contradicción del discurso oficial: un gobierno que presume escuchar al pueblo exige que éste se desmovilice antes de ser escuchado. Como si los bloqueos fueran capricho y no respuesta desesperada ante la sordera institucional.
Los campesinos no reclaman privilegios: exigen ajustes en la Ley de Aguas que se analiza en el Congreso, precios de garantía en la producción de maíz y seguridad en las carreteras. Demandas elementales para quienes alimentan al país. "Defendemos una causa: la alimentación del pueblo de México. Tenemos que hacer reaccionar al Gobierno, no es posible que un Gobierno actúe en contra de los intereses del pueblo como es la alimentación de este país", lamentó Valdez. La ironía es cruel: un movimiento que se reclama del pueblo niega el diálogo a quienes producen lo que ese pueblo come.
La narrativa oficial: criminalizar para no resolver
La Secretaría de Gobernación respondió con una tarjeta informativa donde César Yáñez se lavó las manos: informó que el Gobierno federal "mantiene su disposición al diálogo" pero acusó a los productores de ampliar los bloqueos "a pesar de la apertura" oficial. Denunció que no permitieron el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y artículos perecederos. El mensaje es claro: los campesinos son los culpables de todo, el Gobierno es víctima de su intransigencia.
En la mesa participaron representantes de peso: el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el propio César Yáñez Centeno; el subsecretario Leonel Cota; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, Aarón Mastache; y el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez. Toda una comitiva que en cinco horas no pudo —o no quiso— ofrecer nada más que ultimátums.
La estrategia gubernamental es predecible: presentar al movimiento campesino como problema de orden público, no como síntoma de políticas agrícolas fallidas. Acusar a los productores de obstaculizar servicios de emergencia mientras se ignora que llevan meses solicitando audiencia sin respuesta. Condicionar el diálogo a la desmovilización es reconocer que solo la presión arranca concesiones, que sin bloqueos no hay interlocución.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano entendió la lección: si quitar los bloqueos significa perder capacidad de presión, entonces… habrá más bloqueos. El Gobierno federal sembró esta cosecha al negarse a atender demandas justas cuando aún había buena voluntad. Ahora cosecha radicalización, cruces internacionales cerrados y la imagen de un movimiento que dice gobernar para el pueblo pero negocia como si gobernara contra él. "No hay voluntad política para resolver", sentenciaron los campesinos. Y los hechos les dan la razón.