Con 102 votos a favor, el Senado de la República aprobó una reforma que protege la autonomía sindical frente a la injerencia de servidores públicos en la vida interna de las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado. El proyecto, turnado a la Cámara de Diputados, establece un catálogo de 19 conductas sancionables por interferir en procesos sindicales.
CDMX — El dictamen modifica el artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para impedir la intromisión de autoridades en la constitución, funcionamiento, administración y elecciones de las directivas sindicales. La iniciativa fue avalada en lo general por unanimidad y en lo particular con 100 votos.
El nuevo marco incorpora las 19 conductas que serán consideradas como injerencia sindical, entre ellas amenazar a agremiados para condicionar el voto, ofrecer beneficios laborales a cambio de apoyo, usar fondos institucionales con fines proselitistas, permitir el uso de infraestructura pública para campañas sindicales o difundir propaganda a favor o en contra de candidaturas. Todas serán consideradas faltas administrativas graves.
El senador de Morena, Miguel Pavel Jarero Velázquez, presentó una reserva técnica para perfeccionar la redacción y ubicar correctamente el catálogo de sanciones dentro del marco legal. En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que esta reforma “rompe con décadas de subordinación del sindicalismo al poder político” y reivindica la dignidad de los trabajadores del sector público.
“El Estado mexicano debe ser garante, no interventor de la vida sindical”, afirmó Huerta. Agregó que el sindicalismo debe ser una escuela de democracia y defensa de derechos colectivos, fortaleciendo la legalidad y cerrando espacios a la corrupción.
Por su parte, Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, afirmó que esta medida “blinda y garantiza la autonomía sindical”, sentando las bases para un nuevo sistema de pensiones, una política salarial más equitativa y una seguridad social progresiva. Señaló que el Congreso da un paso histórico para saldar una deuda con los trabajadores al servicio del Estado.
Desde la oposición, Ivideliza Reyes Hernández, del Partido Acción Nacional, subrayó que la reforma consolida una “democracia sindical libre de imposiciones” tras décadas de control político y uso indebido de los sindicatos. En el mismo sentido, Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que la autonomía sindical es un derecho esencial para el libre funcionamiento de las organizaciones sin interferencia gubernamental.
Finalmente, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, recordó que México cuenta con 60 millones de trabajadores, pero solo cinco millones están sindicalizados, lo que refleja la necesidad de fortalecer la libertad sindical. “Desde el Senado debemos cerrar filas para defender este derecho”, concluyó.
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