La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizó este jueves una humillante marcha atrás después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara públicamente su decisión de permitir la reapertura de juicios totalmente concluidos.
CDMX — Los ministros, que apenas un día antes habían avalado vulnerar el principio de "cosa juzgada" —pilar fundamental de la seguridad jurídica—, emitieron un comunicado asegurando su "respeto absoluto" a ese mismo principio que acababan de dinamitar. El episodio desnuda la fragilidad de una Corte que se dobla ante la presión del Ejecutivo y confirma lo que muchos sospechaban: los ministros electos por voto popular en junio responden más a Palacio Nacional que a la Constitución.
El miércoles, una mayoría conformada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Herrerías e Irving Espinosa acordó permitir la reapertura de juicios si se alega que el proceso fue "fraudulento", aún cuando la ley no lo permite expresamente. "¿Cuando se llega a la cosa juzgada mediante fraude, mediante contubernio, mediante acciones ilícitas, podríamos decir: hay cosa juzgada? Creo que es una pregunta válida", planteó Aguilar. La pregunta no es válida: es peligrosa. Abrir esa puerta significa que cualquier sentencia firme puede ser cuestionada bajo el argumento de "fraude", convirtiendo la certeza jurídica en un espejismo.
Sheinbaum fue contundente en su mañanera: "Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que 'lo que ya fue juzgado fue juzgado', y que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte". Bastó ese regaño público para que los ministros corrieran a emitir un comunicado donde aseguran que la cosa juzgada "nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía". Falso: ellos mismos la cuestionaron apenas 24 horas antes.
Monreal y Morena cierran filas contra la autonomía judicial
El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, lanzó una "severa advertencia" a la Corte, señalando que pretender reabrir juicios concluidos crearía una "incertidumbre y zozobra jurídica". "Hay que tener mucho cuidado en eso. Yo llamaría la atención de la Corte, respetuosamente, a que tuviese cuidado", afirmó Monreal con la sutileza de quien sabe que tiene el poder de su lado. El coordinador guinda enfatizó que la cosa juzgada está sustentada en los artículos 14 y 17 de la Constitución, como si los ministros necesitaran recordatorio constitucional básico.
El vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar respaldó a Sheinbaum y remató: "La cosa juzgada ya se juzgó. No metamos más intranquilidad, más zozobra en los distintos sectores de la sociedad mexicana; veamos para adelante, terminemos con el rezago judicial". El argumento es cínico: una Corte que apenas puede con el rezago actual ahora pretendería reabrir juicios históricos bajo criterios subjetivos de "fraude". El resultado sería caos jurídico total.
En su comunicado de rectificación, los ministros intentaron salvar la cara argumentando que la acción de nulidad de juicio concluido —que procede cuando existe colusión o maniobras fraudulentas— está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y otras legislaciones. Pusieron como ejemplo el Amparo Directo en Revisión 6585/2023, donde una mujer solicitó nulidad de un juicio ejecutivo mercantil porque las partes demandadas simularon insolvencia para evadir pensiones alimentarias. Es un caso legítimo, pero usarlo para justificar una potestad general de reabrir cualquier juicio es falacia argumentativa.
Lo grave del episodio no es solo la torpeza jurídica de los ministros, sino la confirmación de que la SCJN —elegida mediante el polémico proceso de voto popular— carece de independencia real. Cuando Sheinbaum dice "no estoy de acuerdo", los ministros corren a "aclarar" su postura. Cuando Monreal "advierte respetuosamente", la Corte retrocede. El Poder Judicial dejó de ser contrapeso: es apéndice del Ejecutivo. Y la cosa juzgada, ese principio que supuestamente "nunca ha estado en duda", acaba de demostrar que en el México de la 4T, hasta lo definitivo es negociable si Palacio Nacional lo ordena.
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