El secretario de Seguridad Pública comentó que Sergio Salomón Céspedes, actual funcionario federal, mantiene 16 elementos de escolta pagados por Puebla. Después corrigió (no son 16, son 4). Lo cierto es que tres ex mandatarios consumen más recursos policiales que municipios enteros.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — La confesión llegó envuelta en lenguaje burocrático, pero fue confesión al fin. El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Vicealmirante Francisco Sánchez González, confirmó en la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta Mier lo que la nueva Ley de Seguridad Pública pretende codificar silenciosamente: 22 elementos policiales están asignados permanentemente a proteger a tres ex gobernadores, mientras municipios enteros operan con corporaciones más pequeñas y colonias completas carecen de vigilancia básica.
Los números oficiales exponen la obscenidad del privilegio: Melquíades Morales Flores (gobernador 1999-2005) tiene 2 elementos; Guillermo Pacheco Pulido (gobernador interino 2019) cuenta con 4 elementos; y Sergio Salomón Céspedes Peregrina (gobernador interino 2022-2024) mantiene ¿16?, ¿4? elementos de escolta. Este último dato no es error de transcripción: dieciséis policías poblanos protegiendo a quien gobernó apenas dos años y actualmente ocupa el cargo de Director General del Instituto Nacional de Migración en el gobierno federal.
La contradicción es tan flagrante que insulta la inteligencia ciudadana. Salomón Céspedes percibe salario federal, ejerce funciones federales, reside en instalaciones federales, pero mantiene escolta estatal pagada con recursos de Puebla. Es el privilegio perfecto: doble nómina, doble prestación, doble protección. Gobierna meses como interino y se retira con séquito vitalicio de dieciséis elementos, más que muchos presidentes municipales electos democráticamente.
El Secretario Sánchez González intentó justificar el dispendio con un argumento que combina cinismo contable y manipulación semántica: "no representa una erogación extra para el Estado porque todos estos elementos son elementos activos de la Secretaría". La falacia es técnicamente perfecta: si los policías ya están en nómina, asignarlos a proteger ex gobernadores no "cuesta" nada adicional. Es como argumentar que regalar un automóvil oficial no cuesta porque el vehículo "ya estaba comprado".
La realidad que oculta esta contabilidad tramposa es el costo de oportunidad: esos ¿22?, ¿10? elementos podrían estar patrullando, respondiendo emergencias, combatiendo el narcomenudeo, protegiendo a víctimas de violencia de género. En lugar de ello, escoltan a políticos que ya no ejercen cargo público en Puebla. El Secretario reconoce además que estos elementos requieren "formación y profesionalización diferente", capacitación especializada que sí tiene costo y que reduce aún más el personal disponible para funciones ordinarias de seguridad pública.
Los costos operativos invisibilizados incluyen vehículos blindados (compra, mantenimiento, seguro, depreciación), combustible para múltiples unidades en operación diaria, armamento especializado, comunicaciones cifradas y logística de turnos. Si Céspedes tiene 4 (o 16) elementos, la operación implica probablemente tres turnos diarios, días de descanso, vacaciones, incapacidades. La estructura real puede consumir más de 10 plazas policiales efectivas.
La comparación con recursos municipales expone la desigualdad del sistema. Municipios como Coxcatlán, con 21,000 habitantes, operan con 10 policías para toda su población. Tres ex gobernadores de Puebla tienen asignados 10 elementos permanentes: más protección que municipios enteros, más recursos en seguridad que poblaciones completas.
El caso Salomón Céspedes merece escrutinio específico por representar el privilegio llevado a su expresión más grotesca. Llegó al cargo por fallecimiento de Miguel Barbosa, gobernó como interino sin haber sido electo democráticamente, y se retiró para ocupar un cargo federal de primer nivel. Hoy percibe salario de director general del INM (aproximadamente 150,000 pesos mensuales según tabuladores federales), goza de prestaciones federales, ejerce poder federal, pero mantiene 4 escoltas estatales pagados por el erario poblano.
La Ley de Seguridad Pública vigente desde 2012 —y que la iniciativa de Armenta pretende ratificar— establece escoltas de "ocho elementos por turno" para ex gobernadores. Pero los números actuales no coinciden: Céspedes tiene 16 elementos totales (¿dos por turno?), Pacheco tiene 4, Morales tiene 2. Están incumpliendo la ley vigente, o la redacción es intencionalmente ambigua para ocultar el costo real. En cualquier caso, la opacidad es intencional.
Notoria es la ausencia de mención a Mario Marín Torres, gobernador de 2005 a 2011, actualmente enfrentando proceso penal. ¿Mantiene escoltas pagados por Puebla? ¿Se le retiraron por sus problemas legales? ¿Bajo qué criterio? El Secretario guardó silencio. La opacidad selectiva no es descuido: es política.
La iniciativa de nueva Ley de Seguridad Pública que el Congreso ya aprobó mantiene intacto el Título Décimo sobre protección a ex gobernadores, ratificando el privilegio vitalicio sin establecer un solo criterio objetivo de riesgo, evaluación de amenazas o revisión periódica de pertinencia. El único requisito es haber ocupado el cargo: privilegio automático, permanente, inmune al escrutinio.
La contradicción con la proclamada austeridad republicana de Morena es absoluta. Durante años, el partido criticó los privilegios de la "mafia del poder": pensiones millonarias, seguros de gastos médicos mayores, escoltas vitalicias. Llegaron al poder prometiendo acabar con esos excesos. Hoy, en Puebla, ratifican y codifican en nueva ley exactamente los mismos privilegios que atacaron. El Coordinador de Gabinete José Luis García Parra intentó justificarlo argumentando que solo están cambiando "ex gobernador" por "persona ex titular del ejecutivo" para usar "lenguaje inclusivo". Lenguaje inclusivo para privilegios excluyentes: la ironía es tan grotesca que resulta insultante.
Mientras ex gobernadores gozan de protección vitalicia sin evaluación ni límite, la misma ley que Armenta propone establece que policías activos pueden ser despedidos "sin que proceda su reinstalación, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa" (artículo 54). Los elementos están sometidos a catorce causales de separación con criterios ambiguos, evaluaciones de control de confianza mediante polígrafos pseudocientíficos, y suspensión preventiva indefinida sin salario. La élite política merece protección permanente; los trabajadores que la proporcionan son desechables.
La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es devastadora en su simplicidad: ¿por qué un ex gobernador tiene derecho constitucionalizado a escoltas vitalicias, pero un periodista amenazado no? ¿Un defensor de derechos humanos en riesgo? ¿Una activista contra feminicidios? ¿Un testigo protegido que declaró contra el crimen organizado? No hay criterio objetivo de riesgo, solo privilegio por cargo político.
El Congreso de Puebla tiene ante sí una decisión que definirá si la cuarta transformación es proyecto de cambio real o simple relevo de beneficiarios del mismo sistema de privilegios. Eliminar el Título Décimo de la iniciativa no requiere genio legislativo: solo requiere coherencia entre lo que se predica y lo que se legisla. Si Morena en Puebla no es capaz de eliminar escoltas vitalicias para ex gobernadores —especialmente para quienes como Salomón Céspedes hoy ocupan cargos federales de primer nivel— la austeridad republicana quedará confirmada como lo que siempre fue: utilería de campaña, discurso vacío, mentira sistemática.
Los 22 elementos asignados a proteger a tres ex gobernadores no son un dato técnico: son un símbolo político. Representan la distancia obscena entre el discurso igualitario y la práctica oligárquica, entre la promesa de austeridad y la realidad del privilegio, entre la retórica transformadora y la perpetuación del sistema. Puebla no necesita escoltas vitalicias para ex gobernadores; necesita policías en las calles, seguridad en las colonias, justicia para las víctimas. Pero eso, al parecer, no está en la agenda de quienes prometieron transformarlo todo.
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