De acuerdo con Mexconomy, durante 2026, el gobierno federal en México consolidará un modelo de comunicación basado en propaganda digital reactiva, desplazando la difusión de logros verificables. Datos del INEGI, análisis de ARTICLE 19 y Fundar anticipan mayor gasto opaco, volatilidad mediática y precarización laboral.
CDMX — A lo largo de 2026, la relación entre el gobierno federal y los medios de comunicación en México entrará en una fase de redefinición. La comunicación institucional dejará de apoyarse en resultados económicos o de infraestructura para centrarse en la gestión de crisis políticas mediante campañas digitales reactivas, una dinámica que ya se observa en los indicadores oficiales del sector.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran una volatilidad atípica en el Indicador Agregado de Tendencia del sector de información en medios masivos durante 2024 y 2025. Las oscilaciones mensuales, con variaciones superiores al 50 por ciento, no responden a ciclos comerciales tradicionales, sino a picos de gasto público concentrados en momentos de presión política. El antecedente más claro ocurrió en diciembre de 2023, cuando el gobierno federal ejerció 1,890.46 millones de pesos en publicidad oficial, concentrando casi todo el gasto anual, según ARTICLE 19 y Fundar.
En 2026, este esquema se normalizará ante un contexto de bajo crecimiento económico, ausencia de nuevas obras y tensiones recurrentes derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Cada episodio de fricción comercial, migratoria o energética activará campañas digitales centradas en la narrativa de soberanía y confrontación externa, una estrategia menos costosa que la negociación efectiva.
La centralización fiscal y el debilitamiento del federalismo replicarán el modelo a nivel estatal. Entidades con alta dependencia de recursos federales incrementarán sus presupuestos de comunicación social, como ocurrie en Puebla, mientras los medios locales independientes enfrentarán mayores dificultades financieras. La falta de reforma a la Ley General de Comunicación Social, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantendrá un entorno de opacidad mediática.
El impacto laboral será significativo. Aunque los ingresos del sector crecieron en 2024, el empleo formal cayó 4.7 por ciento. Para 2026 se prevé una reducción adicional de hasta 7 por ciento, mientras la inversión se desplaza hacia agencias digitales e intermediarios con esquemas laborales precarios. En este escenario, la saturación informativa sustituirá al debate público, configurando un ecosistema mediático dependiente del gasto gubernamental y marcado por la erosión de la diversidad informativa.
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