Desde Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó una ofensiva discursiva contra exgobiernos a los que acusó de encabezar un “cártel del despojo” y de proteger redes de huachicol. Aseguró que su administración rompe con ese régimen, en un contexto de alta tensión política y creciente confrontación pública.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El discurso del gobernador Alejandro Armenta Mier marcó un nuevo punto de endurecimiento en la narrativa del poder en Puebla. El mandatario trazó una línea divisoria tajante entre su administración y los gobiernos del pasado, a los que responsabilizó de haber permitido el saqueo sistemático del erario bajo la fachada de legalidad y emprendimiento.
Armenta calificó a los responsables de ese periodo como “delincuentes disfrazados de empresarios” y “delincuentes disfrazados de políticos”, figuras que —dijo— construyeron redes de corrupción desde presidencias municipales y gubernaturas. A ese entramado lo definió como el “cártel del despojo y de los contratos ocultos”, una estructura que, afirmó, comprometió durante años las finanzas estatales.
El gobernador sostuvo que su administración mantiene un manejo honesto de los recursos públicos, en contraste con lo que describió como prácticas de saqueo institucionalizado. Señaló que los gobiernos anteriores privilegiaron compras infladas, moches y contratos opacos, en lugar de impulsar a sectores productivos locales como viveristas, cafeticultores, zapateros y productores de sorgo.
Uno de los ejes más sensibles del mensaje fue el huachicol. Armenta aseguró que Puebla fue un estado protector del robo de hidrocarburos, con administraciones completas —incluidos funcionarios— involucradas en esa actividad. Frente a ello, afirmó que el actual gobierno se ha colocado en la ruta opuesta: la recuperación de hidrocarburos y el desmontaje de esas redes.
El tono y el momento del discurso no son menores. Las declaraciones se producen en medio de una confrontación abierta entre el Gobierno del Estado y actores políticos y sociales del municipio de Quecholac, donde se cruzan investigaciones penales, denuncias por amenazas y movilizaciones ciudadanas que acusan persecución y criminalización.
Así, el mensaje del Ejecutivo no sólo revisa el pasado, sino que redefine el presente: un gobierno que se asume en guerra frontal contra viejas estructuras de poder, pero que, al hacerlo, eleva el riesgo de que la disputa se traslade del terreno judicial al político y social, con consecuencias aún impredecibles para la estabilidad institucional del estado.
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