El gobernador Alejandro Armenta Mier utilizó nuevamente la conferencia “Mañanera de Puebla” para exponer una narrativa sobre el origen de la presión financiera que enfrenta la administración estatal y acusó la existencia de “mafias” de gobiernos anteriores.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — De acuerdo con el relato del gobernador “mixteco”, un entramado de funcionarios, jueces y consorcios privados, durante dos décadas, habrían diseñado un sistema para saquear el erario mediante contratos inflados, obras incompletas y litigios amañados. Su diagnóstico busca explicar por qué el estado arrastra obligaciones millonarias que limitan la gobernabilidad y condicionan cualquier proyecto de transformación.
Armenta señaló directamente a un grupo que denominó “cártel del despojo”, involucrado en la expropiación de tierras ejidales en zonas ahora urbanizadas entre la capital, San Andrés Cholula y Cuautlancingo. Con ello, afirmó, se consolidó un modelo de desarrollo urbano que benefició sólo a intereses privados, comprando tierra en centavos y vendiéndola después en dólares. El gobernador sostuvo que estos procesos fueron viabilizados desde el poder judicial mediante resoluciones que afectaron a comunidades campesinas sin que existieran indemnizaciones dignas.
El mandatario también describió un modus operandi en torno a la obra pública: proyectos que originalmente costaban pocos millones terminaron convertidos en sentencias por cientos de millones debido a años de litigios, con avales administrativos firmados aun cuando las obras no se ejecutaron o se entregaron con aparentes irregularidades. Según su planteamiento, así surgió una deuda que hoy el estado debe pagar por obras inexistentes, con el agravante de que los funcionarios involucrados habrían actuado en probable asociación delictuosa.
Entre sus ejemplos, mencionó contratos que continúan vigentes pese al perjuicio financiero que representan. Cancelarlos, advirtió, sería prohibitivo para las finanzas públicas: el caso más emblemático es el de Agua de Puebla, cuya terminación tendría un costo calculado en 20 mil millones de pesos, cifra que colocaría al estado al borde de la quiebra. Armenta cuestionó que las leyes vigentes estuvieran diseñadas para proteger a los consorcios y penalizar al gobierno cuando intentaba corregir abusos contractuales.
Como verdadero “paladín de la justicia”, externó también un elemento político-identitario: la reivindicación del carácter firme y resistente del pueblo mixteco, al cual dijo pertenecer. Sin capa y sin antifaz, Armenta se posicionó como representante de la ciudadanía frente a intereses económicos transnacionales y “delincuentes disfrazados de gobernantes”, como afirmó sin matices.
¿Qué sigue? ¿Una estrategia de confrontación institucional? Al destacar que su administración actúa bajo los principios de la Cuarta Transformación, Armenta buscó diferenciarse de gobiernos anteriores y mostrar voluntad de auditar, litigar y exigir responsabilidades, como en el caso de presidentes municipales que no han solventado observaciones ante la Auditoría Superior del Estado.
De todo lo que dijo, omitió un pequeño detalle: la información documental que sustente sus dichos. ¿Por qué no transparentar lo que cuesta tanto a los ciudadanos de Puebla?
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