El brazalete electrónico del exgobernador César Duarte provocó una alerta de seguridad en el penal del Altiplano, en el Estado de México. El director del centro solicitó a una jueza federal su retiro al advertir interferencias en sistemas de vigilancia, pese a que el ex gobernador enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024.
EDOMEX — Un conflicto técnico-administrativo colocó al penal federal del Altiplano en un entredicho judicial y de seguridad. El uso de un brazalete electrónico autorizado para el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue señalado por autoridades penitenciarias como un factor que compromete el funcionamiento interno de uno de los centros de reclusión de mayor seguridad del país.
El director del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos, solicitó formalmente a una jueza federal el retiro del dispositivo, al advertir que este provoca interferencias en los sistemas electrónicos de vigilancia. En su argumentación, aseguró que dicha situación vulnera la seguridad del centro penitenciario y representa un riesgo para la población interna, el personal y los visitantes.
El brazalete fue autorizado en junio de 2024 por un juez local de Chihuahua, lo que permitió a César Duarte enfrentar en libertad su proceso por presunto peculado durante su administración estatal entre 2010 y 2016. Uno de los abogados del ex mandatario indicó que la operación del dispositivo está a cargo de la empresa mexicana GPS Monitor Rastreo Satelital.
De acuerdo con la información disponible, el servicio del brazalete es cubierto por el propio Duarte, con un costo aproximado de 20 mil pesos por la colocación y una renta mensual cercana a 7 mil pesos. No obstante, el señalamiento del penal contrasta con la inversión federal de miles de millones de pesos en inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado, sensores y tecnología de control.
Las autoridades de seguridad han reconocido que, pese a estos recursos, desde los 12 penales federales se concentra más de la mitad de los intentos de extorsión telefónica en el país. En ese contexto, el caso del ex gobernador abrió dudas sobre la eficacia real de los sistemas de vigilancia en instalaciones catalogadas como de máxima seguridad.
0 Comentarios