La adjudicación del contrato DICONSA/CADQ/000849/2025 para la maquila del Café del Bienestar representa no solo una violación directa al artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sino la evidencia más contundente de que las redes empresariales que capturaron a Segalmex permanecen intactas bajo la estructura de Alimentación para el Bienestar.
CDMX — El documento oficial fechado el 3 de octubre de 2025 confirma que las tres empresas invitadas a cotizar —Café Tostado de Exportación S.A. de C.V. (Catoex), Cafiver S.A. de C.V. y Cafés Finos de Córdoba S.A. de C.V. (Cafinco)— comparten socios, fundadores y vínculos familiares que configuran un entramado diseñado para simular competencia donde no existe.
La arquitectura del fraude es sofisticada pero rastreable. Otón Porres Bueno figura como fundador tanto de Catoex como de Cafiver, mientras que José Álvarez Fernández, fundador de Cafinco, fue socio del padre de Domingo Muguira Revuelta, quien estableció Catoex en 1971. La conexión triangular se cierra con Grupo Empresarial Pertenezco, constituido en 2013 por herederos de las tres dinastías empresariales junto al exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, sentenciado a prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este ecosistema corporativo no es accidental: es el resultado de décadas de consolidación de poder económico en el sector cafetalero veracruzano, donde los vínculos matrimoniales, políticos y comerciales se entrelazan para garantizar acceso privilegiado a contratos públicos.
Sobreprecio y Captura Institucional
La distorsión de precios revela la magnitud de la transferencia de renta desde el erario hacia estos grupos. Catoex cobró $18.89 pesos por frasco de 50 gramos al gobierno, cuando a clientes privados con volúmenes significativamente menores les cobra aproximadamente $14 pesos por el mismo producto. Esta diferencia de $4.89 pesos —equivalente a un sobreprecio del 35%— contradice la lógica económica elemental: los pedidos por volumen deberían generar economías de escala, no sobrecostos. Con un contrato que oscila entre $57.1 millones y $118.7 millones de pesos, el sobreprecio implica una transferencia de recursos públicos estimada en decenas de millones de pesos hacia empresarios con antecedentes documentados de vínculos con corrupción política y lavado de dinero.
Paralelamente, los pequeños productores —supuestos beneficiarios del programa— operan bajo precios que no cubren costos de producción. El precio inicial de $75 pesos por kilogramo de café pergamino, posteriormente ajustado a $100 pesos, permanece por debajo del costo de producción estimado en más de $110 pesos por kilogramo. Esta estructura de precios invierte perversamente la lógica redistributiva del programa: los caficultores subsidian indirectamente las ganancias extraordinarias de los maquiladores.
Continuidad Institucional de la Corrupción
La persistencia de Empacadora La Merced S.A. de C.V. en el ecosistema de proveedores gubernamentales subraya la debilidad de los controles institucionales. Carlos Eulalio López Astorga, director general de esta empresa señalada por desvío de $2.7 millones en contratos de Segalmex, fue simultáneamente apoderado de Catoex y socio de sus propietarios en al menos diez empresas adicionales. Esta superposición de roles demuestra que las reformas administrativas que transformaron Diconsa y Segalmex en Alimentación para el Bienestar no desmantelaron las redes extractivas que parasitan los programas de seguridad alimentaria.
El volumen adquirido —2,077 toneladas que representan apenas el 0.19% de la producción nacional— subraya la marginalidad del programa frente a su ambición retórica de transformar el mercado cafetalero. Con más de 25,400 tiendas del Bienestar, la distribución equitativa del café producido hasta agosto implicaría apenas nueve frascos por establecimiento. La desproporción entre objetivos declarados y capacidad operativa sugiere que el programa funciona menos como política pública y más como mecanismo de transferencia de recursos hacia grupos empresariales políticamente conectados, perpetuando las estructuras de corrupción que el cambio de administración prometió erradicar.