La aprobación por parte del Congreso de una propuesta para elevar aranceles a países sin tratados de libre comercio ha desatado una respuesta diplomática contundente desde Beijing. El Ministerio de Comercio de China emitió este jueves una advertencia de represalias en contra de la relación comercial bilateral valorada en miles de millones de dólares anuales.
Beijing/ CDMX — Las nuevas medidas arancelarias, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, apuntan directamente contra socios comerciales que no cuentan con acuerdos preferenciales con México. Aunque la versión final del proyecto legislativo incorporó ajustes moderados respecto a la propuesta de septiembre —reduciendo las tasas para determinadas piezas de automóviles, productos industriales ligeros y textiles—, la esencia proteccionista permanece intacta. China, uno de los principales afectados, ha calificado la decisión como "unilateralismo" y "prácticas incorrectas" que contradicen el espíritu de cooperación multilateral.
La reacción china no se limitó a la retórica diplomática. A finales de septiembre, el Ministerio de Comercio inició formalmente una investigación sobre barreras comerciales y de inversión impuestas por México, un mecanismo legal que permanece activo y cuyas conclusiones podrían derivar en medidas de represalia. "Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas", declaró el portavoz del ministerio.
El nearshoring bajo presión
La controversia arancelaria expone una paradoja en la estrategia comercial de México. Por un lado, el país busca consolidarse como plataforma de manufactura para el mercado norteamericano mediante el fenómeno del nearshoring, atrayendo inversiones de empresas que buscan reducir su dependencia de China. Por otro, las nuevas barreras arancelarias podrían encarecer los insumos asiáticos que muchas de esas mismas industrias requieren, erosionando la competitividad que pretende fortalecer.
El vocero chino fue claro al señalar que "las medidas, si se implementan, perjudicarán sustancialmente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China". Esta advertencia no es gratuita: México importa anualmente miles de millones de dólares en maquinaria, electrónica, textiles y componentes automotrices desde territorio chino. Un aumento generalizado de aranceles no solo encarecería la producción local, sino que podría provocar una reconfiguración de las cadenas de suministro en toda la región, con efectos impredecibles sobre sectores clave como el automotriz y el electrónico.
La debilidad fundamental de la estrategia mexicana radica en su escasa capacidad de negociación bilateral frente a una potencia comercial como China. Mientras el gigante asiático maneja un superávit comercial considerable con México, México carece de instrumentos de presión equivalentes. La investigación china sobre barreras comerciales podría desembocar en restricciones a productos mexicanos —particularmente agrícolas y mineros— que dependen críticamente del mercado asiático.
El portavoz del Ministerio de Comercio enfatizó que China "acoge con agrado que los países pertinentes resuelvan las disputas económicas y comerciales mediante acuerdos comerciales", pero advirtió que dichos acuerdos "no deben lograrse a expensas del desarrollo del comercio global ni deben socavar los intereses legítimos de China". El mensaje es diáfano: cualquier alineación excesiva de México con posturas proteccionistas estadounidenses tendrá un costo.
En un contexto donde la estabilidad regulatoria es un factor determinante para las decisiones de localización industrial, la imposición de aranceles unilaterales introduce incertidumbre y puede desincentivar proyectos de largo plazo. Las empresas multinacionales que consideraban a México como puente hacia Asia ahora enfrentan un panorama más complejo.
"Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia", concluyó el funcionario chino. La frase, común en el lenguaje diplomático de Beijing, suele preceder a acciones concretas cuando las advertencias son desoídas. Con la fecha de implementación fijada para enero de 2026, el gobierno mexicano tiene poco más de un año para recalibrar su estrategia o prepararse para las consecuencias de un enfrentamiento comercial que, por asimetría de poder, no parece favorecer sus intereses.
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