El bloqueo en la autopista Puebla–Orizaba derivó en un cruce de acusaciones entre el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa de Quecholac, quien denunció violencia de género, mientras su padre, Antonio Valente “El Toñín”, exigió respeto tras ser señalado como posible operador del cierre vial.

Quecholac, Puebla. — El conflicto social generado por las protestas contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló este martes hacia el terreno político en Quecholac, Puebla. Tras el bloqueo de la autopista Puebla–Orizaba en ambos sentidos, atribuido a productores agrícolas inconformes, emergieron señalamientos que involucraron al conocido Antonio Valente Martínez, alias “El Toñín”.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, habría llamado a la presidenta municipal Guadalupe Martínez para solicitarle apertura al diálogo con los manifestantes.

Aguilar Pala confirmó la comunicación con la alcaldesa, pero declaró públicamente que desconoce si en Quecholac gobierna ella o “alguien más”, insinuando la influencia del padre en las decisiones municipales. Además, aseguró que la dependencia mantiene relación institucional con los 217 ayuntamientos del estado.

Horas después, la presidenta municipal difundió un video en compañía de su padre, denunciando violencia de género e intimidación por parte del secretario. Argumentó que el bloqueo ocurrió en una zona de jurisdicción federal, por lo que no correspondía al gobierno municipal intervenir, y que la autoridad competente sería la delegación de Gobernación.

El señalamiento fue respaldado por “El Toñín”, quien acusó un trato irrespetuoso hacia su hija y advirtió que no se “mareara con el poder”.

“El Toñín” le exigió al funcionario: “Ten respeto cabrón”, deslindándose del cierre carretero.

La administración estatal respondió mediante un comunicado oficial, deslindándose de cualquier agresión y reiterando su compromiso con el diálogo institucional.

Mientras continúa la discusión legislativa sobre el manejo del agua en el país, el caso en Quecholac sube la temperatura al clima de polarización que ya rodea a las movilizaciones y la disputa política en torno al control territorial y de las protestas.

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