Autoridades penitenciarias de Tehuacán, Puebla, desarticularon tres células criminales que operaban desde el interior del Centro Regional (CEPERE), despojándolas de presuntos privilegios ilegales heredados de gestiones anteriores. Doce PPL vinculadas a extorsión y narcomenudeo fueron trasladadas a un área de máxima seguridad, reforzando la gobernabilidad interna.
Tehuacán, Puebla. — En el Centro Penitenciario Regional de Tehuacán (CEPERE), Puebla, autoridades lograron desarticular tres estructuras delictivas que operaban con notable impunidad desde el interior. Estos grupos, según la información oficial, se beneficiaban de presuntos privilegios irregulares que habían sido tolerados o heredados de administraciones previas, socavando la estabilidad del sistema penitenciario regional.
El director del centro, César Augusto Camacho Torres, confirmó que las células desarticuladas mantenían vínculos directos con actividades ilícitas de alto impacto, como el narcomenudeo y la extorsión. Esta operación de carácter criminal les había permitido acumular una cuota de poder significativa dentro del penal, lo cual comprometía seriamente la seguridad general y dificultaba la aplicación de las normativas internas, afectando la vida de las demás Personas Privadas de la Libertad (PPL).
La acción se concretó mediante un operativo coordinado entre la dirección del CEPERE, el Ayuntamiento de Tehuacán y el Gobierno del Estado. Como resultado directo, doce Personas Privadas de la Libertad (PPL) que presuntamente lideraban o participaban activamente en estas prácticas fueron reclasificadas de inmediato. Posteriormente, fueron trasladadas a un área de seguridad y control estrictamente restringido, conforme a la normatividad vigente y garantizando el respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Las autoridades penitenciarias han enfatizado el reforzamiento de los protocolos de vigilancia interna para prevenir cualquier intento de reorganización de estas o nuevas estructuras criminales. Esta intervención en el CEPERE subraya el compromiso institucional de implementar acciones permanentes destinadas a garantizar un ambiente de estabilidad, seguridad y pleno respeto a la ley dentro del centro penitenciario, erradicando prácticas de corrupción e ilegalidad que comprometieron su operatividad en el pasado.
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