Mientras el oficialismo promete respeto absoluto a productores y anuncia cacería contra pozos ilegales, el PRI denuncia un dictamen tramposo que criminaliza al campo y omitió la consulta obligatoria a pueblos indígenas.
CDMX — El choque entre la narrativa oficial y la oposición alcanzó este miércoles su punto más álgido en San Lázaro. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, salió a garantizar que los derechos de los productores están "total y absolutamente respetados" en la Ley General de Aguas, tras semanas de reuniones con campesinos de Chihuahua, Sonora, Zacatecas, el Bajío, el Valle de Santo Domingo y el Valle de Mexicali. Según su versión, las modificaciones al dictamen solo buscan "mayor claridad, precisión y contundencia" para proteger el binomio tierra-agua, los derechos de sucesión y herencia, y el valor comercial de las tierras agrícolas.
Pero la tranquilidad que vende Ramírez Cuéllar contrasta brutalmente con su propia confesión: admitió que la iniciativa "viene muy light" y que faltan reformas sustanciales para crear un nuevo sistema financiero del agua y garantizar inversiones. Si el dictamen es insuficiente según sus propias palabras, ¿por qué la prisa por aprobarlo? La respuesta la dio sin quererlo: lo urgente no es legislar bien, sino "poner orden, poner gobierno" y actuar contra quienes manejan el "mercado negro" de concesiones. El legislador exigió "detenciones necesarias" contra quienes operan pozos ilegales —hasta 20 mil según sus cálculos— y se conectan clandestinamente a la red eléctrica. La ley, entonces, no es solo regulatoria: es punitiva, y ahí radica el miedo del campo.
Del otro lado, Rubén Moreira y la bancada del PRI denunciaron que Morena pretende "violentar la Constitución y engañar a productores". El coordinador priista fue directo: la ley viola el artículo 2 constitucional al omitir la consulta previa obligatoria a pueblos originarios, un requisito no opcional sino mandatorio según convenios internacionales. Moreira acusó que el artículo 22 prohíbe la transmisión de derechos de agua, y aunque Morena insiste en que el artículo 49 garantiza el binomio agua-propiedad, ese artículo "está al final del procedimiento", concatenado con otros como el 37bis, 37bis1 y 37bis2 que condicionan y restringen esos derechos. La trampa legal está en los detalles que Morena prefiere no explicar.
Humberto Ambriz y César Alejandro Domínguez reforzaron la denuncia: el dictamen que se pretende votar no contiene los cambios pactados con productores, es el mismo documento distribuido hace una semana. Domínguez explicó que la transmisión de derechos incluye tanto herencias y donaciones como compraventas, y si el artículo 22 la prohíbe, "le están mintiendo a los productores". Además, el dictamen criminaliza al campo con sanciones administrativas y penales que nadie en Morena se atreve a defender abiertamente.
La paradoja es brutal: Ramírez Cuéllar presume haber sido "el único que ha metido tractores" a San Lázaro hace décadas exigiendo precisamente una ley como esta, pero hoy los tractores que rodean la Cámara protestan contra lo que él defiende. Después de cinco horas de bloqueo, los productores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz se retiraron, pero las movilizaciones continúan en los estados. Morena celebra que cumple un mandato judicial de 13 años de atraso, pero lo que realmente está cumpliendo es una promesa de control estatal sobre el agua que el campo lee como amenaza. Entre promesas de respeto y denuncias de engaño, la Cuarta Transformación avanza con su reforma hídrica dejando tras de sí un campo mexicano que no cree en sus palabras y teme por su futuro.
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