José "Pepe" Tomé fue removido como Director de Comunicación Social tras gastar una fortuna de dinero público en propaganda que nadie creyó. Los números oficiales revelan a dónde fue el dinero... y a dónde no llegó.
Región Global/Mexconomy — José "Pepe" Tomé llegó a la Dirección General de Comunicación Social del gobierno de Alejandro Armenta con las credenciales típicas del 'comunicador' aspiracionista: reportero mediocre que nunca rompió una historia relevante, conductor de eventos oficiales tan insípido que era olvidable antes de terminar su introducción, y operador político cuyo único mérito era la resistencia burocrática disfrazada de lealtad incondicional. Su gestión al frente de Comunicación Social fue el epítome de su trayectoria: errático, invisible cuando debía construir, torpe cuando intentó confrontar, y prescindible en cuanto los números de la "popularidad" de Alejandro Armenta dejaron de cuadrar.
El 3 de diciembre de 2025, Tomé fue removido. No por razones éticas —la ética no es moneda corriente ahí donde despachó—, sino por motivos políticos y presupuestales: gastó una fortuna y no logró absolutamente nada. Bajo su dirección, el gobierno de Puebla erogará en 2025 más de $250 millones de pesos en Comunicación Social y Publicidad, convirtiendo al estado en el mayor inversor nominal del sector. ¿El resultado? El gobernador Alejandro Armenta enfrenta uno de los peores niveles de aprobación de su administración, las "Mañaneras de Puebla" son la narrativa de un chiste que nadie toma en serio, y la prensa independiente —esa que Tomé decidió asfixiar en lugar de dialogar— sigue documentando cada tropiezo de un gobierno que confunde propaganda con comunicación.
Tomé nunca entendió que comprar bots no es lo mismo que convencer a los ciudadanos. Que inflar métricas en redes sociales no sustituye la credibilidad. Que obligar a empleados gubernamentales a comentar favorablemente en las cuentas oficiales del gobernador no equivale a construir consensos. Y que ofender a la prensa real, con el respaldo activo de Armenta, sólo profundiza el aislamiento político. Su legado es una paradoja brutal: mientras los ingresos al sector de medios masivos crecieron 9.7% en septiembre de 2025 (según datos oficiales del INEGI), el empleo periodístico en Puebla cayó 6% en el mismo período. Más inversión, menos periodistas. Más propaganda, menos credibilidad. Más ruido, menos resultados.
Su sustituta, Claudia Hernández —expriista, cercana al gobernador, con el mismo déficit comunicacional de su predecesor—, heredará no solo un presupuesto millonario para 2026, sino una estrategia condenada al fracaso: seguir invirtiendo en propaganda vía redes sociales mientras se asfixia financieramente a la prensa crítica. La historia de Hernández ya está escrita: será víctima del mismo desgaste que sepultó a Tomé. Porque el problema no sólo es la torpeza del operador, es el modelo.
Los Números Oficiales
Pero más allá del fracaso como director de Comunicación Social de José "Pepe" Tomé, los números oficiales revelan una realidad ominosa sobre cómo el gobierno de Alejandro Armenta está gastando el dinero público. Y esos números no mienten.
Según las Notas a los Estados Financieros 2025 del Gobierno del Estado de Puebla, a las que tuvo acceso este medio:
- 2024: $239,025,956.27 pesos en Servicios de Comunicación Social y Publicidad
- 2025: Presupuesto de aproximadamente $251 millones de pesos para el mismo concepto
- Ejercicio del gasto: Iniciado en segundo trimestre (abril 2025), según los estados financieros
- Compromiso oficial: La secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, declaró ante el Congreso que "no habrá subejercicio", lo que significa que el monto completo será erogado antes de finalizar 2025.
El cálculo es simple y revelador:
Si el gasto se concentra en 9 meses (abril-diciembre), el gobierno estatal está invirtiendo aproximadamente $27.9 millones mensuales en comunicación social y publicidad. En términos nominales, el Gobierno del Estado de Puebla es el mayor inversor en el sector de medios masivos de la entidad.
Pero aquí viene la paradoja que nadie en el gobierno quiere explicar: según la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI, en septiembre de 2025 —justo cuando el gasto gubernamental alcanzaba su punto máximo— los ingresos al sector de "Información en Medios Masivos" crecieron 9.7%, mientras que el empleo periodístico en Puebla cayó 6%.
La pregunta es inevitable: Si el gobierno está invirtiendo $27.9 millones mensuales en comunicación, ¿por qué el empleo periodístico está cayendo en lugar de crecer? La respuesta es tan obvia como incómoda: el dinero no está llegando a medios de comunicación reales que contratan reporteros, editores, fotógrafos y camarógrafos. Está yendo a otro lado.
¿A dónde exactamente? A sistemas de propaganda digital, operaciones de redes sociales con empleados gubernamentales forzados a actuar como operadores, plataformas de gestión automatizada que inflan métricas artificialmente, y proveedores que cobran millones sin generar un solo empleo periodístico legítimo.
Los datos del INEGI lo confirman: más inversión pública, menos periodistas. Más propaganda, menos comunicación real. Y José "Pepe" Tomé fue removido no porque esto sea éticamente reprobable, sino porque después de gastar millones, el gobernador Armenta sigue políticamente desgastado y la ciudadanía real simplemente no le cree.
Los $250 millones de pesos públicos 2025 en Comunicación Social bajo la dirección de José "Pepe" Tomé dejan un saldo claro: más ingresos a operadores de redes sociales, menos empleos periodísticos. Más propaganda digital, menos credibilidad política. Y ahora Claudia Hernández hereda exactamente el mismo modelo fallido.
¿A dónde fue realmente ese dinero? ¿Quién está cobrando los contratos que oficialmente "no existen"? ¿Por qué empleados gubernamentales son obligados a usar sus cuentas personales para inflar métricas en redes sociales? ¿Qué pasó con la plataforma Nódica, cuyo creador apareció muerto en septiembre y que el gobierno dice haber "suspendido por respeto", pero cuya operación continuó activa meses después?
Esta investigación continuará. Las implicaciones del manejo presupuestal y la maquinaria propagandística del gobierno de Alejandro Armenta constituyen un caso de interés público que los poblanos tienen derecho a conocer. Los contratos deben hacerse públicos. Los proveedores han sido identificados. Y el uso de empleados gubernamentales como operadores forzados de redes sociales debe ser documentado.
Cuando se gastan $250 millones de dinero público en propaganda que no funciona mientras el periodismo real se asfixia, alguien tiene que hacer las preguntas incómodas.
Y esas preguntas apenas comienzan.
[Continuará]
Nota metodológica:
Los datos de Personal Ocupado Total para los meses anteriores a septiembre 2025 son estimaciones aproximadas calculadas mediante la correlación inversa observada entre el crecimiento de ingresos y la variación del empleo. El INEGI proporciona únicamente el dato oficial de -6.0% para septiembre 2025. El factor de correlación aplicado (-0.619) se deriva de la relación documentada entre el aumento de ingresos (+9.7%) y la caída del empleo (-6.0%) en dicho mes.


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