En la antesala de las elecciones de 2027, dos gobernadores mexicanos han encontrado una fórmula jurídica audaz para perpetuar su poder: convertir la paridad de género en un mecanismo de sucesión familiar. Samuel García en Nuevo León y Ricardo Gallardo en San Luis Potosí impulsan leyes locales que, bajo el pretexto de la equidad, prohibirían que hombres compitan por sus gubernaturas.
RG Revista — La jugada maestra: las principales beneficiarias serían sus esposas, Mariana Rodríguez y Ruth González, respectivamente. Lo que sus promotores presentan como un avance feminista, sus críticos lo denuncian como el regreso de las dinastías políticas del siglo XIX, ahora vestidas con el lenguaje progresista del siglo XXI.
El escándalo estalló el fin de semana pasado cuando el Congreso de San Luis Potosí aprobó lo que inmediatamente se bautizó como la "Ley Ruth", en alusión a la senadora del Partido Verde Ecologista Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. La iniciativa establece que la próxima gubernatura potosina debe ser ocupada por una mujer, eliminando de facto cualquier competencia masculina. En Nuevo León, una propuesta idéntica —la "Ley Mariana"— busca allanar el camino para Mariana Rodríguez, la influencer convertida en primera dama que ya intentó sin éxito conquistar la alcaldía de Monterrey en 2021, cuando el priista-panista Adrián de la Garza la derrotó pese a todo el aparato estatal volcado en su favor.
La reacción institucional no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum, trazó una línea clara: una cosa es la paridad constitucional —que obliga a los partidos a postular mitad de candidaturas para mujeres y mitad para hombres— y otra muy distinta es imponer por ley que una gubernatura específica sea exclusivamente para mujeres. "Ahí hay que ver si eso está dentro o no de la Constitución", declaró la mandataria, antes de solicitar a Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte y actual Coordinador de Política de la Presidencia, que revise la constitucionalidad de ambas leyes locales.
El rechazo se extendió rápidamente por las filas del oficialismo. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, consideró que estas leyes "están orientadas" para favorecer a mujeres específicas y anunció que esperará a que la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad. Más contundente fue Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien confirmó que el partido prepara precisamente esa acción de inconstitucionalidad porque "se coarta el derecho del ciudadano a elegir libremente". Alcalde fue más allá: aunque la reforma antinepotismo aprobada por el Congreso aplicará constitucionalmente hasta 2030 —prohibiendo que funcionarios públicos dejen el cargo a familiares hasta el cuarto grado—, Morena la aplicará desde la próxima elección.
La única voz de peso en defensa de las "leyes esposa" provino de Manuel Velasco, líder de la bancada del Partido Verde en el Senado, quien respaldó específicamente la "Ley Ruth". La postura no sorprende: el Verde ha construido su expansión territorial precisamente mediante este modelo de poder familiar, replicándolo en estados donde ha colocado a parejas y familiares en posiciones estratégicas.
Por su parte, Ricardo Gallardo intentó una defensa técnica: argumentó que la ley fue impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para acatar una resolución de la Corte pendiente desde 2021 y que representa un "avance sustantivo en materia de igualdad". El argumento, sin embargo, no resiste el análisis. La resolución de 2021 buscaba paridad genuina en el sistema electoral, no la imposición de candidatas específicas en coyunturas políticas convenientes. El timing —justo cuando las esposas de ambos gobernadores desean competir— revela la verdadera naturaleza de la maniobra.
El caso contradice el derecho constitucional mexicano. El artículo 35 de la Constitución establece como prerrogativa ciudadana "poder ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular". Pero ¿qué significa realmente "paridad"? Para los defensores de estas leyes, significa garantizar que haya alternancia de género en las gubernaturas. Para sus críticos, es una violación flagrante al derecho de cualquier ciudadano —independientemente de su género— a ser votado.
La paradoja es demoledora: leyes que supuestamente combaten la exclusión histórica de las mujeres lo hacen mediante un mecanismo que... excluye. Y no excluye a cualquiera, sino precisamente a aquellos que podrían competir democráticamente contra las esposas de los gobernadores actuales. El resultado es que la equidad de género —una conquista legítima y necesaria del movimiento feminista— se convierte en coartada para el nepotismo más descarnado.
Los precedentes son inquietantes. Si estas leyes prosperan, cualquier gobernador con esposa, hija, hermana o prima con ambiciones políticas podría replicar el modelo. Bastaría con argumentar que "nunca ha habido una mujer gobernadora" en la entidad (o que "ya tuvimos un gobernador hombre, ahora toca mujer") para blindar constitucionalmente la candidatura familiar. El principio de paridad, diseñado para abrir oportunidades, se transformaría en un mecanismo de cierre dinástico.
El fenómeno no se limita a San Luis Potosí y Nuevo León. En Guerrero, Félix Salgado Macedonio declaró públicamente al periódico El Sur de Acapulco que él quiere ser gobernador "después de…", refiriéndose a su hija Evelyn Salgado, actual gobernadora. La maniobra para despejarle el camino es sutil pero efectiva: Estela Damián, su principal rival política interna en Guerrero, fue nombrada consejera jurídica de la Presidencia de la República. Sacada de su territorio, el terreno quedó libre para los Salgado. En Quintana Roo, Morena y el Partido Verde libran una batalla abierta por el control del estado, con acusaciones cruzadas de intentar imponer candidatos familiares.
La dimensión de género es particularmente perversa. Durante la discusión del caso, surgió en el debate público una crítica incómoda pero necesaria: ¿son estas mujeres líderes políticas autónomas o "tapaderas" de poder masculino? La pregunta no busca cuestionar la capacidad de ninguna mujer para gobernar, sino señalar que cuando el liderazgo femenino se construye como extensión del poder de un esposo, padre o hermano, no se está avanzando en equidad de género sino perpetuando estructuras patriarcales con rostro femenino.
Mariana Rodríguez llegó a la política desde su carrera como influencer, con más de 9 millones de seguidores en Instagram. Su primera incursión electoral —la candidatura a la alcaldía de Monterrey en 2021— contó con todo el respaldo institucional de su esposo, entonces ya gobernador electo. Perdió. Prometió no regresar a la política. Pero ahora, con la "Ley Mariana", su esposo le construye un camino donde ella sería, literalmente, la única opción femenina viable en un sistema que excluiría por ley a sus competidores masculinos.
Ruth González tiene un perfil político más consolidado: es senadora de la República por el Partido Verde. Sin embargo, su trayectoria está indisolublemente ligada a su esposo Ricardo Gallardo, uno de los gobernadores más controvertidos del país, señalado repetidamente por presuntos vínculos con el crimen organizado y acusado de operar un modelo de gobierno basado en el clientelismo y el control territorial mediante estructuras paralelas. La "Ley Ruth" la convertiría en gobernadora no por haber construido un liderazgo independiente, sino por ser la esposa del gobernador actual en un sistema que elimina artificialmente a la competencia.
El riesgo prospectivo es sistémico. Si los tribunales avalan estas leyes, México podría enfrentar una ola de reformas locales similares en los 32 estados del país. Gobernadores de todos los partidos encontrarían en este mecanismo una solución elegante para mantener el control: transferir formalmente el poder a una familiar mientras conservan influencia real. El modelo recuerda inquietantemente a las "democracias" centroamericanas donde presidentes ceden el cargo a sus esposas para eludir prohibiciones de reelección, como ocurrió con Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, o los intentos de Juan Orlando Hernández en Honduras.
Los argumentos jurídicos contra estas leyes son sólidos. Primero, violan el derecho fundamental de cualquier ciudadano a ser votado, establecido en el artículo 35 constitucional. Segundo, constituyen discriminación por género al excluir arbitrariamente a un sector de la población. Tercero, contradicen el espíritu de la paridad constitucional, que busca igualdad de oportunidades, no imposición de resultados específicos en coyunturas particulares. Cuarto, aunque la reforma antinepotismo aplicará formalmente hasta 2030, el espíritu constitucional contra la sucesión familiar ya está establecido.
La batalla judicial será determinante. Morena prepara una acción de inconstitucionalidad contra ambas leyes. Arturo Zaldívar realiza el análisis constitucional solicitado por la presidenta. Ricardo Monreal espera que la Suprema Corte resuelva. El PRI y el PAN en ambos estados también preparan impugnaciones. La pregunta no es si habrá batalla legal, sino qué criterio adoptará la Corte: ¿priorizará una interpretación literal y maximalista de la paridad que podría abrir la puerta al nepotismo constitucionalizado, o defenderá los principios democráticos fundamentales de libre competencia y prohibición de privilegios familiares?
Hay un elemento adicional que complica el panorama: el cálculo político de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien rechazó públicamente las "leyes esposa", enfrenta un dilema respecto a Samuel García. El gobernador de Nuevo León ha sido funcional al proyecto de la Cuarta Transformación, manteniendo una relación pragmática con el gobierno federal pese a militar en un partido de oposición. Fuentes dentro del gobierno sugieren que parte del presupuesto federal que llega a Nuevo León termina apoyando, de maneras diversas, campañas de Morena en otras entidades. Pero Samuel García también representa un riesgo: tiene ambiciones presidenciales claras para 2030 y podría convertirse en un rival político significativo.
El gobernador de Nuevo León ha construido su estrategia política en torno al Mundial 2026. Su plan es usar los reflectores internacionales del torneo para consolidar una imagen de gobernador eficaz y moderno.
Nuevo León es el estado más endeudado de México, con una deuda mayor que la de Ciudad de México, el Estado de México o Jalisco combinados. El gobierno de García busca endeudar al estado con 16,000 millones de pesos adicionales, pero enfrenta el rechazo frontal del sector privado. La Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA), liderada por Jorge Santos, logró articular una coalición amplia —que incluye al PRI, PAN y otros partidos— para rechazar un aumento del 33% al impuesto sobre nómina que el gobernador pretendía imponer.
La crisis presupuestal se agrava con escándalos de corrupción. El caso del "cuchillo" —donde 6,000 millones de pesos fueron desviados por particulares en colusión con autoridades estatales— sigue sin resolverse. En Agua y Drenaje de Monterrey se documentaron irregularidades por miles de millones de pesos. Una licitación de servicios de conectividad aumentó misteriosamente de 10 a 20 millones de pesos mensuales (un incremento del 100%) cuando el Periódico Oficial del Estado "sufrió una caída de sistema" el día que debía publicarse la convocatoria original, permitiendo que una empresa "parapeto" ganara con una cotización duplicada.
Más grave aún: constructores del Metro de Monterrey, a quienes el gobierno les adeuda más de 1,000 millones de pesos, amenazan con suspender obras y demandar públicamente por incumplimiento de pago. Con esta situación fiscal y estas obras inconclusas, es poco probable que la infraestructura para el Mundial 2026 esté lista en tiempo y forma. El proyecto político estelar de Samuel García —su plataforma hacia la presidencia— se desmorona.
En este contexto, la "Ley Mariana" adquiere un significado adicional: es un seguro de continuidad. Si Samuel García no puede terminar sus proyectos, si el Mundial fracasa, si debe renunciar prematuramente perseguido por escándalos de corrupción —la Fiscalía General de la República mantiene archivos sobre presunto lavado de dinero de 2021—, al menos habrá asegurado que su esposa llegue al poder. La "Ley Mariana" no es solo nepotismo: es también estrategia de supervivencia política.
Para Ricardo Gallardo, la lógica es similar pero más directa. El gobernador potosino enfrenta menor escrutinio mediático que García, pero acumula señalamientos igual de graves sobre su gestión y sus métodos. La "Ley Ruth" le garantiza continuidad y, probablemente, impunidad. Una esposa gobernadora difícilmente investigará o procesará los actos de su marido en el gobierno anterior.
El Partido Verde Ecologista emerge como el gran arquitecto de este modelo. Mientras Morena se debate entre sus compromisos antinepotismo y sus alianzas pragmáticas, el PVEM ha hecho del poder familiar su estrategia central de expansión. Manuel Velasco en Chiapas, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, y las múltiples estructuras familiares que controlan secciones del partido en diversos estados demuestran que para el Verde, la política es, literalmente, un negocio de familia.
La confrontación entre Morena y el Verde por Quintana Roo, San Luis Potosí y potencialmente Guerrero revela las contradicciones de la Cuarta Transformación. El discurso oficial rechaza el nepotismo, pero las alianzas electorales lo toleran. La reforma antinepotismo se aprobó para 2030, pero se permite que prosperen leyes que lo institucionalizan para 2027. La presidenta se pronuncia contra las "leyes esposa", pero su gobierno mantiene relaciones funcionales con los gobernadores que las impulsan.
Las consecuencias de esta ambigüedad son previsibles: erosión de la legitimidad institucional, profundización del cinismo ciudadano, consolidación de estructuras políticas oligárquicas. Cuando la ley se convierte en instrumento de intereses familiares, cuando la equidad de género se utiliza como coartada para el nepotismo, cuando los discursos progresistas encubren prácticas caciquiles, el resultado es la descomposición del tejido democrático.
El caso plantea preguntas incómodas sobre el estado real de la democracia mexicana. ¿Hemos avanzado realmente desde el PRI hegemónico de las décadas pasadas, o simplemente hemos fragmentado el poder entre múltiples cacicazgos regionales que replican las mismas prácticas con nueva retórica? ¿La alternancia política ha significado democratización genuina, o solo la rotación de élites que comparten los mismos vicios?
Los próximos meses serán definitivos. La Suprema Corte decidirá si México tolera el nepotismo constitucionalizado o defiende los principios democráticos básicos. Los congresos locales decidirán si replicar el modelo o rechazarlo. Los ciudadanos decidirán si aceptar que sus gobernantes les impongan sucesores familiares o exigir elecciones genuinamente competitivas. Y los partidos políticos decidirán si la equidad de género es un compromiso real o simplemente una herramienta más en el arsenal de la perpetuación del poder.
Porque de eso se trata finalmente: de poder. No del empoderamiento de las mujeres, no de la equidad de género, no de la justicia social. Se trata del poder de dos hombres que quieren mantener el control de sus estados mediante sus esposas. Se trata del poder de un partido —el Verde— que ha construido su expansión territorial sobre estructuras familiares. Se trata del poder de una clase política que prefiere la sucesión dinástica a la competencia democrática.
La historia juzgará estas "leyes esposa" no por sus justificaciones formales sino por sus efectos reales. Y esos efectos son transparentes: menos democracia, más nepotismo; menos competencia, más privilegio; menos ciudadanía, más súbditos de dinastías regionales que se perpetúan con el vocabulario del progresismo pero las prácticas del caciquismo más rancio.
México se encuentra en una encrucijada. Puede permitir que estas leyes prosperen y establecer un precedente que condenará a las entidades federativas a décadas de gobiernos dinásticos, o puede defender los principios constitucionales que impiden la formación de aristocracias políticas. La decisión determinará no solo quién gobierna Nuevo León y San Luis Potosí en 2027, sino qué tipo de país será México en las décadas venideras: una democracia imperfecta pero en construcción, o una colección de feudos familiares con elecciones decorativas.
El tiempo dirá si México aprendió las lecciones del siglo XX sobre los peligros del poder personalizado y dinástico, o si está condenado a repetirlas con nuevos disfraces en el siglo XXI.
Definimos el espacio muestral de escenarios para México en 2026 como:
Donde:
- \(E_1\): Escenario de Ruptura
- \(E_2\): Escenario de Retroceso Calculado
- \(E_3\): Escenario de Juego Largo Rusia-China
- \(E_4\): Escenario Cisne Negro
Definimos cinco variables dicotómicas que condicionan la probabilidad de cada escenario:
- \(V_1\): Colapso del régimen de Maduro (Sí/No)
- \(V_2\): Control de AMLO desde Palenque (Alto/Bajo)
- \(V_3\): Disposición de Trump a escalar (Alta/Baja)
- \(V_4\): Reacción de opinión pública mexicana (Crítica/Pasiva)
- \(V_5\): Coordinación occidental (Unificada/Fragmentada)
La probabilidad condicional de cada escenario se expresa como:
Modelamos la evolución temporal como cadena de Markov con tres estados:
- \(S_0\): Status Quo (Estado actual)
- \(S_1\): Tensión Moderada
- \(S_2\): Crisis Abierta
La matriz de transición mensual es:
Donde \(P_{ij}\) representa la probabilidad de transición del estado \(i\) al estado \(j\) en un mes.
Para calcular la probabilidad de estar en estado de crisis abierta en 18 meses (revisión T-MEC):
Partiendo del estado actual \(S_0\), la probabilidad de alcanzar \(S_2\) (Crisis) en 18 meses es aproximadamente:
Definimos el costo económico esperado para México en cada escenario como función del impacto sobre el PIB:
Donde:
- \(\alpha_i\): Factor de contracción del PIB
- \(\beta_i\): Factor de reducción de exportaciones bajo T-MEC
- \(\gamma_i\): Factor de salida de Inversión Extranjera Directa
- \(PIB_{MX}\): PIB de México (~$1.4 trillones USD)
- \(X_{TMEC}\): Exportaciones bajo T-MEC (~$475 mil millones USD)
- \(I_{ED}\): Stock de IED (~$600 mil millones USD)
Parámetros estimados por escenario:
Escenario 1 (Ruptura)
$$\alpha_1 = -0.08$$
$$\beta_1 = -0.35$$
$$\gamma_1 = -0.25$$
Escenario 2 (Retroceso)
$$\alpha_2 = -0.02$$
$$\beta_2 = -0.08$$
$$\gamma_2 = -0.10$$
Escenario 3 (Juego Largo)
$$\alpha_3 = -0.15$$
$$\beta_3 = -0.60$$
$$\gamma_3 = -0.45$$
Escenario 4 (Cisne Negro)
$$\alpha_4 = -0.12$$
$$\beta_4 = -0.50$$
$$\gamma_4 = -0.40$$
El costo económico esperado total se calcula como:
Representamos la interacción México-EE.UU. como juego no cooperativo de información imperfecta.
Jugadores:
- \(J_1\): Gobierno de México (Sheinbaum)
- \(J_2\): Gobierno de EE.UU. (Trump/Congreso)
Estrategias:
- México: \(M = \{Cooperar, Resistir\}\)
- EE.UU.: \(U = \{Presionar, Conciliar\}\)
Matriz de pagos (utilidad para México, utilidad para EE.UU.):
| EE.UU. Presiona | EE.UU. Concilia | |
| México Coopera | $$(-3, 7)$$ | $$(5, 5)$$ |
| México Resiste | $$(-8, -2)$$ | $$(2, -5)$$ |
Análisis del equilibrio de Nash:
Si EE.UU. presiona: México prefiere Cooperar (-3 > -8)
Si EE.UU. concilia: México prefiere Cooperar (5 > 2)
Si México coopera: EE.UU. prefiere Conciliar (5 > 7)
Si México resiste: EE.UU. prefiere Presionar (-2 > -5)
Sin embargo, dadas las restricciones políticas internas de México (opinión pública radicalizada, control de AMLO), el equilibrio óptimo es inestable.
Calculamos la elasticidad de probabilidad de crisis respecto a cada variable:
Colapso Maduro
$$\epsilon_{V_1} = 2.3$$
Mayor sensibilidad
Control AMLO
$$\epsilon_{V_2} = 1.8$$
Alta sensibilidad
Escalada Trump
$$\epsilon_{V_3} = 1.9$$
Alta sensibilidad
Opinión Pública
$$\epsilon_{V_4} = 1.2$$
Sensibilidad media
Coordinación Occidental
$$\epsilon_{V_5} = 1.6$$
Alta sensibilidad
Para proyectar la escalada de tensión, usamos modelo ARIMA(2,1,2) sobre el índice de tensión bilateral México-EE.UU.:
Donde \(\Delta T_t\) es la primera diferencia del índice de tensión en el mes \(t\).
Parámetros estimados:
Proyección a 18 meses indica:
Es decir, la tensión bilateral se multiplicará aproximadamente por 4.5 veces para el momento de la revisión del T-MEC.
1. Probabilidad de Crisis Abierta en 2026:
$$P(Crisis) = 62\%$$
2. Costo Económico Esperado:
$$\mathbb{E}[C] = \$147.3 \text{ mil millones USD}$$
(~10.5% del PIB mexicano)
3. Variable Más Crítica:
Colapso del régimen de Maduro ($$\epsilon = 2.3$$)
4. Multiplicador de Tensión Proyectado:
$$4.5\times$$
(La tensión actual se multiplicará por 4.5 en 18 meses)
5. Equilibrio de Nash Óptimo:
(Cooperación, Conciliación) → Payoff (5,5)
Pero restringido por variables políticas internas
Nota metodológica: Este modelo integra teoría de probabilidades bayesianas, cadenas de Markov, teoría de juegos no cooperativos, análisis de sensibilidad y series temporales ARIMA. Las estimaciones se basan en datos históricos de crisis comerciales México-EE.UU. (1994, 2001, 2008-09, 2018-20), información pública de inteligencia, y análisis de escenarios geopolíticos comparables.
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