Con 85 votos a favor en el Senado de México, la reforma hídrica llega al Ejecutivo tras rechazar todas las modificaciones propuestas. Morena celebra el fin del acaparamiento; la oposición denuncia discrecionalidad, falta de presupuesto y amenaza a la democracia.
RG Revista — La Cámara de Senadores aprobó el jueves y turnó el viernes al Ejecutivo Federal el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general. En lo particular, el pleno rechazó todas las reservas presentadas por senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, aprobando el texto sin modificaciones con 82 votos a favor y 34 en contra. La reforma, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, regula el derecho humano al agua, establece prelaciones que priorizan el consumo humano y doméstico, y define las bases para el acceso equitativo y uso sustentable del recurso hídrico.
El rechazo de las reservas fue contundente. La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota presentó una modificación al artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, que fue rechazada con 35 votos a favor y 69 en contra. El mensaje fue claro: Morena y sus aliados no aceptarían cambios sustanciales al dictamen enviado por Diputados, consolidando así una reforma que la oposición considera centralista, discrecional y potencialmente autoritaria, pero que el oficialismo defiende como la devolución del agua al pueblo mexicano tras décadas de mercantilización.
El senador morenista Óscar Cantón Zetina defendió el proyecto asegurando que "el centro es la persona y no los grandes acaparadores", y que se crea un "trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente". Según su visión, la ley "elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México", convirtiéndose en "la mayor aliada de los productores y campesinos". Por el PVEM, Juanita Guerra Mena argumentó que la reforma consolida una visión donde el agua "deja de ser mercancía para asumirse como un bien social", garantizando un modelo "más justo, transparente y sostenible". El PT, mediante Lizeth Sánchez García, destacó que se reconoce personalidad jurídica a más de 70 mil comités de agua, se asegura transmisión expedita de derechos en herencias y se protege la economía de subsistencia campesina.
Del otro lado, la oposición desplegó argumentos demoledores. La panista Verónica Rodríguez Hernández acusó que la reforma "convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral", otorgando al gobierno federal la facultad de decidir "de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes", lo que consideró "peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias". La priista Carolina Viggiano Austria advirtió que el proyecto carece de estudios económicos, análisis de impacto financiero y no asegura inversión para infraestructura. Además, denunció que no se consultó a pueblos originarios, por lo que "el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad". Por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que los cambios abren la puerta a "más control gubernamental sin contrapesos reales", concentran atribuciones en Conagua sin reglas claras, crecen riesgos de "arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político", y desincentivan inversión y tecnificación.
La ley aprobada establece el contenido del derecho humano al agua, garantiza acceso equitativo y uso sustentable, define mecanismos de participación ciudadana y fortalece bases para operación de servicios públicos de agua y saneamiento. También incorpora perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad e intergeneracional en la gestión hídrica. Pero nada de esto convence a quienes ven en la reforma un instrumento de control político más que una solución a la crisis estructural del agua en México. Con la aprobación senatorial, la Ley General de Aguas llega al escritorio de Claudia Sheinbaum para su promulgación, cerrando un proceso legislativo exprés que dejó al campo bloqueando carreteras y a la oposición denunciando atropellos. La ley es un hecho. Sus consecuencias, aún están por verse.
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