Con 97 votos y en medio de señalamientos sobre lealtades políticas, el Senado entrega a Ernestina Godoy la institución más desprestigiada del país. Nueve años de mandato para quien fue operadora jurídica de la 4T.
CDMX — El Senado de la República cerró filas este martes para entregar a Ernestina Godoy Ramos las riendas de la Fiscalía General de la República, en una votación que obtuvo 97 sufragios a favor de 127 emitidos. La designación, que otorga un mandato de nueve años a quien fuera consejera jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, consuma una de las decisiones más polémicas del inicio del actual sexenio. Con 19 votos en contra y 11 nulos, la oposición expresó su rechazo a una figura cuya trayectoria está marcada por su cercanía al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
La llegada de Godoy a la FGR no es casual: es el punto culminante de una carrera construida en el aparato de Morena. Desde su paso como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, donde enfrentó críticas por la gestión de casos emblemáticos, hasta su rol como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, su perfil ha estado atravesado por la sospecha de subordinación política. Ahora, al frente de una institución que debería ser autónoma y blindada contra injerencias, la pregunta que resuena es inevitable: ¿podrá Godoy deslindarse de las lealtades que la llevaron hasta ahí?
Los posicionamientos en el Senado dejaron al descubierto la fractura. Mientras Ignacio Mier, de Morena, celebró la designación como el inicio de "un nuevo ciclo" para el sistema de justicia, el panista Raymundo Bolaños fue contundente: "El país no puede darse el lujo de tener una FGR de cuates". La advertencia es clara: en un contexto de violencia desbordada, impunidad generalizada y corrupción enquistada, la Fiscalía necesita resultados, no complicidades. La priista Carolina Viggiano fue más allá y señaló que Godoy tendrá que enfrentar "el mayor caso de corrupción a nivel nacional": el contrabando de combustible, un tema que involucra a actores políticos y económicos de alto nivel.
La Fiscalía General que hereda Godoy es una institución en crisis: desprestigiada, ineficaz y cuestionada por su falta de independencia. Los datos son demoledores: más del 90% de los delitos quedan impunes, las víctimas desconfían de los ministerios públicos y los casos de alto perfil se archivan sin explicación. A esto se suma el desafío mayúsculo de un crimen organizado en constante mutación y una violencia estructural que no cede. Godoy asume con el respaldo de la mayoría legislativa de Morena, pero sin el consenso social que legitimaría su encargo. La sombra de la subordinación al Ejecutivo la perseguirá cada día de los próximos nueve años. Y México, una vez más, observa con escepticismo si esta designación representa un cambio real o simplemente la continuidad de un sistema que protege a los de arriba mientras la justicia bajo el debido proceso sigue siendo un privilegio inalcanzable para las mayorías.
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