Mientras el artículo 54 de la iniciativa de Ley de Seguridad Pública de Puebla establece que los policías pueden ser despedidos "sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa", el artículo 136 garantiza a los ex gobernadores protección vitalicia "por el tiempo que lo solicite por escrito".
Puebla de Zaragoza, Puebla. — Esta contradicción revela la verdadera naturaleza del proyecto: un régimen de castas donde la élite política disfruta privilegios permanentes mientras los trabajadores de seguridad pública padecen precariedad económica y de derechos laborales.
El Título Décimo (artículos 134-141) configura un sistema de protección personal para ex gobernadores que desafía cualquier lógica de austeridad republicana o justicia distributiva. Cada ex mandatario tendrá derecho a una escolta de ocho elementos por turno —presumiblemente tres turnos diarios, es decir, 24 policías de tiempo completo— que solo podrá reducirse a seis elementos tras un periodo equivalente al doble del tiempo que ejerció el cargo. Si gobernó seis años, la escolta robusta dura doce años adicionales. Después, "apenas" seis elementos por turno (18 policías de tiempo completo). Hasta que el beneficiario decida, unilateralmente, que ya no los necesita.
Hagamos las cuentas: un ex gobernador que solicite protección durante veinte años consumirá aproximadamente 408 policías-año de servicio (24 elementos durante 12 años = 288, más 18 elementos durante 8 años = 144), más vehículos blindados, combustible, mantenimiento, armamento y comunicaciones. En un estado donde los municipios carecen de patrullas funcionales, donde las corporaciones locales operan con equipamiento obsoleto, donde miles de colonias no tienen vigilancia básica, esta asignación de recursos es un insulto a la ciudadanía.
La iniciativa no establece ningún criterio objetivo de riesgo que justifique la protección. No requiere evaluación de amenazas específicas, análisis de inteligencia criminal ni revisión periódica de la pertinencia del servicio. El ex gobernador simplemente "solicita por escrito" y el Estado debe proporcionar. Es un privilegio autogestivo, discrecional, inmune al escrutinio público.
Contrasta este régimen de privilegios con las condiciones laborales que la misma ley impone a los policías que proporcionarán esa protección. El artículo 68 establece catorce causales de separación, incluyendo "no estar declarada persona deudora alimentaria morosa" o no aprobar evaluaciones de control de confianza que incluyen polígrafos pseudocientíficos. La suspensión preventiva (artículos 97-98) puede extenderse indefinidamente sin salario. Los elementos están sometidos a rotación discrecional, evaluaciones punitivas permanentes y nula estabilidad laboral.
¿Qué mensaje envía esta arquitectura normativa? Que la élite política merece protección vitalicia pagada con recursos públicos, mientras los trabajadores que la proporcionan son desechables, reemplazables, prescindibles. Que un ex gobernador —incluso uno investigado o sujeto a proceso, señalado por negligencia o cuestionado por abuso de poder— tiene derecho constitucionalizado a seguridad personal permanente, pero un policía que dedicó veinte años al servicio público puede ser despedido sin reinstalación ni indemnización completa.
El artículo 140 establece que estos recursos "se deberán prever en el Presupuesto de Egresos", pero el artículo transitorio sexto aclara que las erogaciones de la ley "estarán sujetas a la suficiencia presupuestal correspondiente". Es decir: la protección de ex gobernadores es obligatoria y debe presupuestarse; los derechos laborales de los policías están condicionados a que haya dinero. Primero la élite, después —si alcanza— los trabajadores.
Esta no es una ley de seguridad pública; es un estatuto de privilegios para la casta política disfrazado de reforma institucional. Es la codificación jurídica de la desigualdad, la consagración normativa de un sistema donde quienes ejercieron el máximo poder estatal temporalmente gozan de protección permanente, mientras quienes ejercen funciones de riesgo cotidiano viven en permanente incertidumbre laboral.
Puebla no necesita escoltas vitalicias para ex gobernadores; necesita policías dignamente remunerados, establemente empleados y justamente tratados. La seguridad pública no se construye protegiendo a la élite política, sino garantizando condiciones laborales dignas para quienes arriesgan su vida protegiendo a la ciudadanía. ¿Frente a qué estamos? Sin duda frente a una obscenidad de privilegios disfrazados de Ley de Seguridad Pública.
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