El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas, vincula al clan Mier con "El Toñín", cacique de Quecholac, tras desbloquearse la autopista Puebla-Orizaba con un video del diputado federal. La herida morenista en Puebla sangra y expone pactos oscuros.
Puebla de Zaragoza, Pue. — La reapertura de la autopista Puebla-Orizaba la noche del miércoles no cerró la crisis: la detonó. Después de más de 24 horas de bloqueo a la altura de Quecholac, el diputado Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal de Morena en Puebla, lanzó una acusación explosiva que desnuda las entrañas podridas del partido en el estado: señaló públicamente que Ignacio Mier Velazco, senador y subcoordinador de senadores de Morena, y su hijo Ignacio Mier Bañuelos (Nacho Mier Jr.), diputado federal, mantienen vínculos con Antonio Valente Martínez, alias "El Toñín", presunto cacique de la región y padre de Guadalupe Martínez, presidenta municipal de Quecholac. La prueba, según Villegas, está a la vista: el bloqueo se levantó misteriosamente tras la aparición de un video de Nacho Mier Jr. Lo que parecía una protesta campesina contra la Ley Nacional de Aguas se revela ahora como un movimiento político calculado para "desestabilizar la gobernabilidad" del gobernador Alejandro Armenta y, de paso, ajustar cuentas internas en Morena.
Villegas Mendoza no se anduvo con rodeos. Denunció que el bloqueo de Quecholac —que mantuvo cerrada una de las arterias comerciales más importantes del país durante más de 24 horas— no fue casual sino "irónico": se resolvió justo después de que Nacho Mier Jr. difundiera un video. "Quedó clara esta colusión, este equipo", afirmó el líder estatal de Morena, acusando directamente a la familia Mier de orquestar la protesta usando a productores agrícolas como carne de cañón. "Engañándolos, diciéndoles cosas que no son para hacer un bloqueo donde afectaron a millones de personas", sentenció. La acusación es grave: según Villegas, los Mier instrumentaron una crisis de gobernabilidad nacional —en plena discusión de la Ley Nacional de Aguas— para recuperar el control político de Tecamachalco, bastión que perdieron como grupo político.
Pero la historia es más oscura. Villegas explicó que la alianza entre los Mier y "El Toñín" no es nueva: "Este vínculo viene de cuando ellos gobernaban Tecamachalco". Es decir, el pacto entre una de las familias políticas más poderosas de Morena en Puebla y un presunto cacique regional data de años, cuando los Mier controlaban el municipio y necesitaban operadores territoriales. Ahora, tras perder ese control ante el avance del grupo del gobernador Armenta, estarían usando su influencia para generar caos. Villegas exigió a la Fiscalía de Puebla investigar "posibles vínculos" entre la familia Mier y Valente Martínez, y cuestionó por qué desde la administración de Miguel Barbosa —aliado histórico de los Mier— nunca se actuó legalmente contra "El Toñín". La respuesta implícita es brutal: porque era funcional al proyecto político de ese grupo.
El diagnóstico de Villegas sobre el bloqueo es lapidario: "Lo que buscaban, que es algo grave, es desestabilizar, causar ingobernabilidad no solo a nivel estado, también a nivel nacional". No habla de productores desesperados por la Ley Nacional de Aguas, habla de un operativo político con objetivos claros: debilitar al gobernador Armenta, presionar al gobierno federal en un momento crítico de la reforma hídrica, y demostrar que los Mier aún tienen capacidad de movilización y sabotaje. El líder morenista acusó que también contra él existe "una campaña de difamación" emprendida por los Mier precisamente porque él ha denunciado estas prácticas. "Es lamentable que actores de mi propio partido" se presten a esto, dijo, subrayando que la guerra no es contra la oposición: es interna, fratricida, y expone que Morena en Puebla es un nido de víboras donde conviven proyectos políticos incompatibles.
Lo más inquietante es la figura de Antonio Valente Martínez, "El Toñín". Villegas se refiere a él como "presunto actor" y exige investigación, pero no aclara qué tipo de actividades se le atribuyen más allá de su influencia territorial. Lo que sí queda claro es que "El Toñín" tiene poder suficiente para movilizar tractores, cerrar carreteras federales durante más de 24 horas y negociar su apertura mediante intermediarios políticos de alto nivel. Y su hija, Guadalupe Martínez, gobierna Quecholac bajo la bandera del el Partido Social de Integración. Villegas fue cuidadoso: "No quiero decir algo en contra de la presidenta, pero ayer quedó claro" que se prestó a estos temas. La implicación es obvia: la alcaldesa permitió o facilitó el bloqueo en el territorio de su municipio bajo instrucciones de su padre y con respaldo de los Mier.
El líder estatal de Morena cerró filas con el gobernador Armenta y su gabinete, respaldando explícitamente al secretario de Gobierno Samuel Aguilar Pala y al vicealmirante Francisco Sánchez, encargado de la seguridad estatal. El mensaje es claro: hay dos Morenas en Puebla, y Villegas se alinea con el proyecto de Armenta frente al de los Mier. También distinguió entre "presidentes (municipales) que sí son honestos" y los que "se prestan a estos temas", dejando a Guadalupe Martínez del lado equivocado. Y lanzó una advertencia: "Ya serán las instancias correspondientes quienes determinarán si hay un tema (jurídico contra Valente), o no hay un tema. Lo que sí es que se tiene que investigar porque hay este vínculo".
La ironía final es dolorosa: Villegas acusó a los Mier de "usar frases que nuestro representante Andrés Manuel López Obrador tenía pero por el otro lado, o por la espalda, atacar de una forma deshonesta". Es decir, de invocar la retórica de la Cuarta Transformación —"estar a favor del pueblo"— mientras operan con métodos de cacicazgo y manipulación. Lo que comenzó como una protesta campesina contra la Ley Nacional de Aguas en Quecholac terminó siendo la radiografía de la putrefacción interna de Morena en Puebla: un partido donde senadores y diputados federales pactan con caciques locales, donde los bloqueos carreteros son moneda de cambio político, donde las alcaldesas obedecen a sus padres operadores antes que a sus electores, y donde la lucha por el poder no reconoce límites éticos ni institucionales. Mientras el país debatía la Ley Nacional de Aguas y sufría los bloqueos, en Puebla se libraba otra batalla: la del alma podrida de un partido que predica transformación pero practica el priismo más rancio. Y lo peor es que Villegas probablemente tiene razón.
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