El Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera de la ANAM, decisión sustentada en la Sección 212(a)(3)(C) y vinculada a revisiones aplicadas por Washington.
Washington, EE.UU. — La relación bilateral entre México y Estados Unidos registró un nuevo episodio de fricción tras confirmarse la cancelación de la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El directivo es una de las figuras responsables de investigar operaciones ilícitas vinculadas al huachicol fiscal, un ámbito considerado prioritario para el gobierno federal.
Fuentes diplomáticas estadounidenses confirmaron que la anulación del documento se llevó a cabo bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite cancelar visas de personas consideradas riesgos potenciales para la seguridad pública, con nexos criminales o cuyas actividades sean contrarias a la política exterior estadounidense. Washington ha reiterado que la decisión es discrecional y que contar con un visado es un privilegio y no un derecho.
En respuesta, Márquez señaló que se trata de un procedimiento estrictamente administrativo y personal que —aseguró— no interfiere con el desempeño de sus responsabilidades públicas. Añadió que, si lo considera pertinente, podrá solicitar una nueva visa más adelante.
La medida se inscribe en una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump y sostenida por el Departamento de Estado bajo la dirección de Marco Rubio, orientada a revisar y cancelar visados de funcionarios extranjeros. En octubre, la agencia Reuters reportó que al menos 50 políticos y servidores públicos mexicanos han sido afectados por estas disposiciones en los últimos meses.
El caso de Márquez constituye el primer episodio confirmado públicamente que involucra a un alto funcionario federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, los antecedentes correspondían a exfuncionarios y autoridades estatales o municipales. La decisión ha generado atención debido al papel estratégico del funcionario en investigaciones aduaneras sensibles para ambos países.
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