La Fiscalía General de la República acusó que César Duarte habría sobornado con 10 millones de pesos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, lo que, según la FGR, permitió que la justicia estatal le concediera libertad provisional en Chihuahua en junio de 2024.

CDMX — Las tensiones entre el poder federal y las autoridades estatales de Chihuahua se reactivaron con fuerza durante la audiencia de imputación contra el exgobernador César Duarte. La Fiscalía General de la República presentó una narrativa de presunta protección institucional que, a su juicio, explica decisiones judiciales favorables al exmandatario priista.

Durante la diligencia, el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, sostuvo que Duarte contaba con una red de apoyo en el estado que representaba un alto riesgo de fuga. Entre los actores señalados incluyó directamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de haber recibido un soborno de 10 millones de pesos cuando formaba parte del esquema de corrupción conocido como la nómina secreta.

Granados recordó que desde 2017 la Fiscalía de Chihuahua investigó el presunto desvío de 360 millones de pesos a líderes políticos y sociales. En ese contexto, Campos fue vinculada a proceso por cohecho, aunque en septiembre de 2021, un día antes de asumir la gubernatura, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revocó dicha vinculación.

Como parte de los señalamientos, el fiscal federal afirmó que la jueza de control Hortensia García Rodríguez fue beneficiada con un nombramiento como magistrada tras haber concedido a Duarte la libertad provisional en junio de 2024, decisión que —según la FGR— evidenció la cercanía entre el exgobernador y distintos poderes estatales.

La acusación se reforzó con la supuesta negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a proporcionar información patrimonial de Duarte, bajo el argumento del secreto profesional, lo que fue interpretado como una forma de encubrimiento institucional.

Al cierre de la audiencia, la jueza federal María Jazmín Ambriz López desestimó algunos señalamientos por considerarlos subjetivos, pero finalmente impuso a Duarte la prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano, subrayando la gravedad del caso y el contexto de desconfianza que rodea al proceso penal.

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