La Fiscalía General de la República defendió la legalidad de las diligencias contra Raúl Rocha Cantú, empresario vinculado a Miss Universo, tras la revocación de un criterio de oportunidad y una orden de aprehensión, en una investigación federal por tráfico de armas y hidrocarburos
CDMX — La actuación de la Fiscalía General de la República en un caso de alto perfil volvió a colocarse en la agenda pública, luego de que el órgano ministerial saliera a fijar postura frente a cuestionamientos directos del Poder Ejecutivo sobre una investigación penal en curso.
La Fiscalía General de la República aseguró que las diligencias relacionadas con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, se realizan conforme al marco jurídico vigente y con pleno respeto al debido proceso. El posicionamiento fue difundido a través de la cuenta oficial de la institución en la red social X, donde se precisó que cualquier información susceptible de hacerse pública será dada a conocer en su momento.
El pronunciamiento de la Fiscalía se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara públicamente a la dependencia explicar las razones por las cuales se revocó el criterio de oportunidad que había beneficiado al empresario dentro de la investigación. La petición presidencial colocó el caso bajo un escrutinio adicional, al tratarse de una determinación con efectos directos en la situación jurídica del imputado.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Rocha Cantú luego de que la FGR retiró el beneficio legal, a solicitud del apoderado jurídico de Pemex. La decisión también se sustentó en el incumplimiento del empresario a diversas entrevistas programadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que fue considerado como falta de colaboración con la autoridad investigadora.
La investigación federal señala a Rocha Cantú por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos, con operaciones tanto en territorio mexicano como en Guatemala. Mientras el proceso continúa bajo reserva, la Fiscalía reiteró que el caso se desarrolla dentro de los cauces legales, en espera de que las diligencias permitan definir responsabilidades penales.
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