Francisco Sánchez González advirtió que 106 municipios, incluido Puebla, serán sancionados por no destinar el 20% del Fortamun a seguridad, reflejando falta de responsabilidad pública que afecta directamente a la ciudadanía.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — El señalamiento del secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, pone bajo observación a 106 municipios del estado que, según afirmó, no cumplieron con su obligación de invertir el 20% del Fortamun en seguridad. Entre ellos se encuentra Puebla capital, una omisión que podría derivar en consecuencias inmediatas ante el Congreso, sobre todo, por el impacto directo para los habitantes que dependen de instituciones sólidas en materia de seguridad. La advertencia llega en un contexto donde la percepción de inseguridad continúa siendo un desafío central para las autoridades.
El funcionario sostuvo una reunión con la mayoría de los Ayuntamientos involucrados para insistir en que la ley es clara y que el recurso asignado debe traducirse en equipamiento, capacitación y fortalecimiento institucional. En sus palabras, muchos alcaldes siguen creyendo que “no va a pasar nada”, ignorando que la federación puede recortar el presupuesto del próximo año si se incumple lo establecido. La declaración no solo apunta a la omisión administrativa, sino a una cultura política donde la seguridad no siempre adquiere la prioridad que socialmente debería tener.
La postura del secretario reconoce la autonomía municipal, pero advierte que el gobierno estatal tiene la responsabilidad de vigilar el uso correcto del recurso. Su mensaje destapa una tensión estado-municipios: mientras la violencia y los delitos demandan mayores capacidades institucionales, algunos gobiernos locales minimizan la urgencia de fortalecer a sus policías y áreas de seguridad pública. Esta negligencia administrativa podría profundizar la vulnerabilidad en las calles y la desconfianza ciudadana ante la falta de resultados tangibles.
El caso de Puebla es especialmente significativo por su peso poblacional y político. La eventual reducción de recursos no solo sería un castigo financiero, sino una señal política contundente sobre la obligación de priorizar la seguridad como la inversión más importante para la convivencia social. La advertencia del secretario deja claro que no se trata de una simple recomendación: la inacción tiene consecuencias, y estas —desafortunadamente— recaen primero sobre quienes habitan los municipios que decidieron ignorar lo que la ley les exige.
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