La imputación contra Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de e-consulta, en Puebla, desató cuestionamientos al Poder Judicial por irregularidades procesales, una carpeta integrada durante cinco años y decisiones que impactan la libertad de prensa y la certeza jurídica
Puebla de Zaragoza, Puebla. — La actuación del sistema de justicia poblano volvió a colocarse bajo escrutinio tras una audiencia que, lejos de fortalecer la confianza en el debido proceso, dejó dudas sobre la imparcialidad y el respeto a las garantías mínimas en un caso que involucra directamente al ejercicio periodístico.
Este miércoles, un juez de control formuló imputación contra Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del medio digital e-consulta, por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. La diligencia se celebró en la Casa de Justicia de la ciudad de Puebla, pese a que horas antes renunció la defensa original del periodista y la nueva representación legal no conocía íntegramente la carpeta de investigación, compuesta por siete tomos.
El expediente tiene su origen en enero de 2020, durante la administración del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuando la Fiscalía General del Estado inició la indagatoria. Llama la atención que la investigación se integrara a lo largo de cinco años y fuera presentada ante el juez hasta diciembre de 2025, para -recientemente— transitar con inusual rapidez hacia la imputación, incluso en fechas próximas al receso judicial.
Durante la audiencia, se expuso que la defensa inicial no tuvo acceso completo al expediente, ya que únicamente recibió cinco de los siete tomos. Al plantearse esta omisión, el juzgador la atribuyó a fallas administrativas, una explicación que contrasta con la relevancia procesal del acceso pleno a las actuaciones. Ante este escenario y por motivos de seguridad, los abogados renunciaron a la representación, advirtiendo en un escrito conductas judiciales atípicas y la realización de la audiencia a puerta cerrada.
La nueva defensa solicitó tiempo para conocer el expediente, petición que fue rechazada, bajo el argumento de que el imputado podía ser asistido por un defensor de oficio. Finalmente, se citó al periodista a una nueva audiencia el 23 de diciembre. Ruiz Rodríguez ha demostrado que las acusaciones se basan en presunciones ya desmentidas con comprobantes bancarios y facturación, mientras el proceso avanza con una celeridad inusual que contrasta con los años de inactividad previa.
Más allá del expediente, el desempeño del juzgador responsable del caso profundiza la percepción de un Poder Judicial de Puebla distante de los principios de independencia y legalidad que está obligado a garantizar. La negativa a conceder tiempo razonable a una nueva defensa, la prisa selectiva tras años de inacción ministerial y la celebración de audiencias en condiciones cuestionables no son decisiones neutras: configuran un mensaje intimidatorio que trasciende a Rodolfo Ruiz Rodríguez y apunta directamente contra e-consulta, un medio reconocido por su trabajo de investigación. En este contexto, la comunidad periodística poblana se mantiene en alerta y seguramente documentará con rigor quién y desde dónde se pretende utilizar al aparato judicial como instrumento de presión, una práctica que erosiona la credibilidad institucional y coloca a la justicia del lado del poder, no del derecho.
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