José Luis García Parra niega que el mando único absorba policías municipales, pero la propuesta revela centralización que pone en riesgo la autonomía constitucional y concentra poder en el Ejecutivo sin asegurar mejoras reales ni controles.
Puebla de Zaragoza, Pue. — Las declaraciones del coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, buscan minimizar el alcance de la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier. Afirma que el llamado mando único policial no pretende absorber a las corporaciones municipales. Sin embargo, el texto de la propuesta de Ley de Seguridad Pública muestra otra realidad: la creación de un diseño que subordina a los municipios en materia de seguridad bajo criterios amplios y discrecionales. La narrativa oficial insiste en modernización y eficiencia, pero evade la discusión sobre la erosión institucional que implicaría centralizar una función esencial otorgada por la Constitución a los ayuntamientos.
A través de los artículos 15 y 16, la iniciativa establece que el Estado podrá asumir el control de la policía preventiva municipal cuando el municipio “no cuente con policía”, cuando “lo determine el Consejo Local” o cuando “lo solicite la autoridad municipal”. Las tres vías pueden ser fácilmente inducidas desde el poder estatal: la primera mediante asfixia presupuestal, la segunda con un órgano dominado por el Ejecutivo y la tercera bajo presión política. La arquitectura normativa es, por tanto, un andamiaje que abre la puerta a la intervención permanente del centro sobre el territorio, sin contrapesos y sin garantías de reversibilidad.
El conflicto no es técnico, es político y constitucional. El artículo 115 de la Carta Magna reconoce explícitamente la facultad municipal sobre la seguridad pública preventiva. La Suprema Corte ha sostenido que la autonomía municipal es sustantiva, no simbólica. Pero en Puebla, el rediseño de la Seguridad Pública propuesto vacía competencias, diluye responsabilidades locales y reproduce una vieja lógica centralista: suponer que concentrar poder resolverá problemas derivados precisamente de la falta de controles democráticos-municipales, transparencia y rendición de cuentas. Esta contradicción es el núcleo del debate que las autoridades parecen querer evadir.
Queda en evidencia un riesgo mayor: un Estado que se reserva la capacidad de intervenir cuando quiera y como quiera, mientras mantiene el discurso de respeto al federalismo interno. La seguridad pública, presentada como argumento de urgencia, se convierte así en el vehículo para recentralizar el poder. Si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales, no será una reforma para fortalecer a Puebla, sino para debilitar a sus municipios, socavando el equilibrio institucional que sostiene a la democracia en el nivel más próximo a la ciudadanía.
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