El gobierno de Alejandro Armenta en Puebla mantiene escoltas vitalicias para ex gobernadores en su nueva Ley de Seguridad Pública, contradiciendo la “austeridad republicana” que Morena, AMLO y Claudia Sheinbaum pregonan durante años como bandera política.
Puebla de Zaragoza, Pue. — Durante años, Morena construyó su capital político atacando los privilegios de la "mafia del poder": pensiones millonarias, seguros de gastos médicos mayores, escoltas vitalicias y demás prerrogativas que la élite política se auto asignaba mientras el pueblo padecía carencias. La narrativa era simple y efectiva: ellos robaban, nosotros gobernaremos con austeridad republicana. Siete años después, en Puebla, esa narrativa se revela como lo que siempre fue: utilería de campaña.
La iniciativa de Ley de Seguridad Pública enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier al Congreso local mantiene intacto el Título Décimo sobre protección personal para ex gobernadores, un privilegio que data de 2012 y que consume cientos de policías-año de servicio, vehículos blindados y presupuesto público para proteger a quienes ya dejaron el poder. Escoltas de ocho elementos por turno, reducibles a seis tras el doble del tiempo que gobernaron, sin límite temporal definido, sin evaluación de riesgo objetivo, por el simple hecho de haber ocupado el cargo.
José Luis García Parra, coordinador de Gabinete de Armenta, defendió la disposición con un argumento baladí: "la ley vigente está vigente desde 2012, es falso que se hayan retirado escoltas". Traducción: nosotros no inventamos el privilegio, solo lo ratificamos. Como si mantener lo que criticaste durante años fuera menos grave que crearlo. La justificación es más ofensiva que el privilegio mismo: según García Parra, solo están cambiando "ex gobernador" por "persona ex titular del ejecutivo" para usar "lenguaje inclusivo".
¿Lenguaje inclusivo para privilegios excluyentes? La ironía es tan grotesca que resulta insultante. Si el objetivo fuera realmente democratizar el acceso a seguridad personal, la ley debería garantizar protección a periodistas amenazados, defensores de derechos humanos en riesgo, activistas sociales bajo amenaza del crimen organizado. Pero no: la "inclusión" consiste en asegurar que tanto ex gobernadores como ¿ex gobernadoras? —qué fumó García Parra?— gocen del mismo privilegio vitalicio pagado con recursos públicos.
García Parra intentó además justificar la iniciativa completa invocando un "acuerdo nacional del 2 de septiembre de 2025 para fortalecer instituciones de seguridad pública" que supuestamente obliga a esta armonización legislativa. Pero ningún acuerdo nacional exige mantener escoltas vitalicias para ex mandatarios. Eso es una decisión local, discrecional, política. Están usando la coartada de la "armonización" para ratificar privilegios que pudieron eliminar con un plumazo.
La contradicción es especialmente obscena cuando se contrasta con el régimen laboral que la misma ley impone a los policías que proporcionarán esa protección. Mientras ex gobernadores gozan de seguridad vitalicia sin evaluación ni límite, los elementos policiales pueden ser despedidos "sin que proceda su reinstalación, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa" (artículo 54), están sometidos a catorce causales de separación con criterios ambiguos, y pueden sufrir suspensión preventiva indefinida sin salario.
La lógica del régimen de Alejandro Armenta es cristalina: la élite política merece protección permanente; los trabajadores que la proporcionan son desechables. Un ex gobernador —incluso investigado por corrupción, señalado por negligencia o cuestionado por abuso— tiene derecho codificado a escoltas vitalicias. ¿En quienes está pensando el gobernador de Puebla? Un policía que dedicó veinte años al servicio público puede ser despedido sin indemnización completa ni posibilidad de reinstalación.
Durante la campaña de 2024, Armenta Mier prometió "un gobierno austero, cercano a la gente, sin lujos ni privilegios". Once meses después, su administración ratifica escoltas vitalicias para ex gobernadores mientras recorta presupuestos a municipios, congela plazas, y ahora condiciona derechos laborales a "suficiencia presupuestal". La austeridad, resulta, aplica solo para los de abajo.
Morena lleva siete años en el poder nacional y controla ya 24 gubernaturas. En cada entidad replica el mismo patrón: mantiene las estructuras de privilegio que criticó, las rebautiza con lenguaje progresista, y las defiende invocando tecnicismos legales. La cuarta transformación no transformó los privilegios de la élite política; simplemente cambió de beneficiarios. Los escoltas vitalicios de Puebla son apenas el síntoma de una enfermedad sistémica: la conversión del discurso populista en nueva legitimación de existencia política.
El Congreso de Puebla tiene la oportunidad de demostrar que la austeridad republicana es principio y no utilería. Eliminar el Título Décimo de la iniciativa no requiere genio legislativo ni audacia revolucionaria; sólo requiere coherencia entre lo que se predica y lo que se legisla. Si Morena en Puebla no es capaz de eliminar escoltas vitalicias para ex gobernadores, ¿qué privilegio del viejo régimen sí estará dispuesta a desmantelar? Ninguno, por supuesto.
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