Mientras Morena aprueba una reforma punitiva que criminaliza concesiones, México enfrenta un verdadero problema hídrico: escasez de agua severa en medio país, infraestructura colapsada, deuda hídrica con EU y regiones enteras al borde del colapso.
CDMX — México no necesitaba una ley para perseguir campesinos. México necesitaba una ley para salvar su futuro hídrico. Pero la Ley General de Aguas que Morena impuso este miércoles en San Lázaro es un monumento a las prioridades equivocadas: mientras Alfonso Ramírez Cuéllar exige "detenciones necesarias" contra propietarios de 20 mil pozos ilegales y promete "poner orden" en las concesiones, el país enfrenta una tormenta perfecta que esta reforma simplemente ignora. Sequía extrema en vastas regiones, ciudades sedientas, infraestructura obsoleta, deuda hídrica con Estados Unidos, agricultura al límite y una industria que compite ferozmente por cada litro. El problema no es quién controla el agua, sino que cada vez hay menos agua que controlar.
Los datos de Conagua son contundentes: al 30 de abril de 2024, el Monitor de Sequía de México revelaba una crisis sin precedentes. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas —el corazón agrícola y ganadero del norte— presentaban sequía extrema y excepcional (categorías D3 y D4) en la mayor parte de su territorio. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato registraban sequía severa (D2). Incluso estados del centro como Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Jalisco mostraban condiciones de sequía moderada a severa. Solo el sureste —Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo— y pequeñas porciones del Pacífico sur escapaban de la crisis. Más de 60% del territorio nacional enfrentaba algún grado de sequía, con impactos dominantes de corto plazo en agricultura y ganadería, y de largo plazo en hidrología y ecología. Pero la Ley de Aguas no menciona una sola vez la palabra "sequía" ni propone medidas de emergencia, adaptación o resiliencia climática.
Comencemos por lo evidente: el rezago en infraestructura hídrica es catastrófico. Según la propia Conagua, México pierde entre 40% y 50% del agua potable por fugas en redes de distribución urbana. En ciudades como la Ciudad de México, el sistema Cutzamala opera al límite de su capacidad, con niveles de almacenamiento que cayeron por debajo del 30% en 2024. Monterrey vivió en 2022 el peor desabasto de su historia, obligando a racionar agua durante meses. Guadalajara, León, Aguascalientes y Querétaro reportan sobreexplotación de acuíferos que amenaza su viabilidad a mediano plazo. Pero la Ley de Aguas no destina un peso adicional para renovar tuberías, construir plantas de tratamiento o desarrollar infraestructura de captación. Ramírez Cuéllar lo admitió sin rubor: la ley "viene muy light" en inversión y "falta un nuevo sistema financiero del agua". Entonces, ¿para qué la prisa?
Luego está la deuda de agua con Estados Unidos, una bomba geopolítica que nadie en Morena mencionó durante el debate. El Tratado de Aguas de 1944 obliga a México a entregar 431 millones de metros cúbicos anuales del Río Bravo a Estados Unidos. Pero estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas —todos con agricultura intensiva y todos en sequía extrema según el monitor— han acumulado déficits recurrentes que generan tensiones diplomáticas. En 2020, la presión federal para cumplir el tratado desató protestas violentas en Chihuahua, con productores tomando la presa La Boquilla. Hoy, con la Ley de Aguas criminalizando concesiones y amenazando con "poner gobierno" en el recurso, ¿cómo negociará México con agricultores norteños cuando Washington exija cumplir el tratado en plena sequía? La reforma no resuelve el conflicto: lo agrava.
El estrés hídrico urbano es ya una emergencia nacional. Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 70 de las 100 principales ciudades mexicanas enfrentan algún grado de estrés hídrico. El Valle de México extrae agua de cuencas cada vez más lejanas a un costo energético y ambiental insostenible. Hermosillo, Culiacán, Torreón y Saltillo —todas en zona de sequía extrema— dependen de acuíferos sobreexplotados. Tijuana importa agua desde el Río Colorado, compitiendo con California por un recurso escaso. Y mientras las ciudades se secan, millones de mexicanos en periferias urbanas y comunidades rurales carecen de acceso básico al agua potable. El derecho humano al agua que Morena presume garantizar es, para 10 millones de mexicanos, una promesa vacía. La ley establece prelaciones —primero uso doméstico, luego ecosistemas, después agricultura— pero no explica cómo se ejecutarán sin inversión masiva y en condiciones de sequía estructural.
Ahora, el conflicto sectorial. México tiene 6.5 millones de hectáreas bajo riego que producen 60% del valor agrícola nacional. Estados como Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Michoacán y Jalisco dependen del agua para cultivos de exportación: aguacate, berries, tomate, cítricos. Pero el mapa de sequía muestra que Sonora está en sequía excepcional, Guanajuato y Jalisco en sequía severa, y Michoacán en condiciones críticas. La ganadería en Chihuahua, Durango, Veracruz y Jalisco consume volúmenes enormes en regiones donde los pastos se secan y el ganado muere de sed. La industria refresquera —Coca-Cola, PepsiCo, Heineken— tiene concesiones millonarias que compiten con el uso doméstico. La minería en Sonora, Zacatecas y Durango extrae agua de acuíferos compartidos con comunidades. Y la industria manufacturera del Bajío y el norte necesita agua para seguir atrayendo inversión. Todos compiten por el mismo recurso finito en un contexto de sequía que se intensifica año con año, y la Ley de Aguas no ofrece un plan de gestión integrada. Solo promete "ordenar concesiones" y "castigar ilegalidades", pero sin crear nueva infraestructura ni adaptarse al cambio climático, eso significa redistribuir escasez, no resolver el problema.
Y aquí la geografía importa críticamente. El norte de México —Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango— vive en crisis hídrica permanente visible en el monitor de sequía con tonos rojos y marrones que cubren todo el territorio. Estas entidades aportan 30% del PIB agrícola nacional pero dependen de acuíferos sobreexplotados y ríos compartidos con Estados Unidos que ya no llevan agua. Los bloqueos carreteros en Chihuahua y Zacatecas no son capricho: son pánico ante una ley que amenaza concesiones sin ofrecer alternativas mientras la sequía mata cosechas. El Bajío —Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes— es el motor industrial y agrícola del país, pero el monitor muestra sequía severa generalizada y sus acuíferos están al límite. Guanajuato extrae tres veces más agua de la que sus acuíferos recargan naturalmente. ¿Qué pasará cuando Conagua revise concesiones en plena sequía? El centro —Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla— abastece a la megalópolis más grande del país, pero su sistema Cutzamala colapsa cada año y el monitor muestra sequía moderada avanzando. El sur —Chiapas, Tabasco, Veracruz— tiene abundancia hídrica pero carece de infraestructura para aprovecharse o distribuirla hacia las regiones sedientas del norte y centro.
Pero el caso más dramático es Zacatecas, epicentro de las protestas con cinco cierres carreteros totales. El monitor muestra al estado completamente cubierto de sequía extrema y excepcional. El estado tiene 32 acuíferos sobreexplotados de un total de 34. Su agricultura —frijol, chile, cebada— depende de agua subterránea que se agota más rápido de lo que se recarga, y ahora enfrenta la peor sequía en décadas. Y llega una ley que promete "poner orden" sin explicar cómo lo hará sin destruir la economía local y sin ofrecer un solo peso para infraestructura de emergencia, sistemas de captación pluvial o tecnificación subsidiada. ¿Se revocarán concesiones en plena sequía? ¿Se reducirán volúmenes autorizados cuando ya no hay agua? ¿Se incentivará la tecnificación sin recursos? La ley no lo dice, y esa ambigüedad aterroriza a productores que ven sus cultivos secarse.
Lo perverso de esta reforma es que criminaliza síntomas en lugar de atacar causas estructurales y climáticas. Sí, hay "acaparadores" y "mercado negro" de concesiones. Sí, existen pozos ilegales. Pero esos problemas surgieron porque Conagua lleva décadas siendo una institución inoperante, corrupta y carente de presupuesto que jamás invirtió en infraestructura adaptada al cambio climático. Los productores perforan pozos ilegales porque los trámites legales tardan años y mientras tanto sus cultivos mueren. Las concesiones se venden en el mercado negro porque no hay certeza jurídica en un contexto de sequía creciente. El "aguachicol hídrico" existe porque el Estado abandonó su rectoría hace décadas, no porque los campesinos sean delincuentes.
Y ahora Morena pretende resolver décadas de abandono y una crisis climática con cárcel y control burocrático. Ramírez Cuéllar exige "detenciones", pero no promete un solo peso para infraestructura de adaptación, captura de agua de lluvia, plantas desalinizadoras o tecnificación del riego. Monreal promete "poner gobierno", pero no explica cómo se gestionará la competencia entre ciudades sedientas, agricultura exportadora en sequía, industria manufacturera y comunidades indígenas cuando el mapa de Conagua muestra que simplemente no hay agua suficiente. La ley establece que el agua es "prioritaria y un bien estratégico de la nación", pero no destina recursos para tratarla como tal ni reconoce que el cambio climático está reconfigurando radicalmente la disponibilidad hídrica del país.
Lo que Morena ofreció es una ley punitiva que promete perseguir "ilegales" y que ignora olímpicamente el problema de fondo: no hay suficiente agua para todos, cada año habrá menos por el cambio climático, y el mapa de sequía muestra que la crisis ya está aquí. Mientras el campo paraliza carreteras y las ciudades se secan bajo un sol implacable, Morena festeja haber "puesto orden". Pero el orden sin recursos es autoritarismo, la rectoría del Estado sin inversión es un cheque sin fondos, y ninguna ley puede hacer llover sobre un país cuando arda de sed.
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