La Secretaría de Seguridad Pública emitió una "aclaración" que agrega más opacidad que transparencia: el Vicealmirante Francisco Sánchez González "se equivocó" cuando declaró públicamente que Sergio Salomón Céspedes cuenta con 16 elementos de escolta. En realidad, asegura ahora la dependencia, son apenas 4.
Puebla de Zaragoza, Pue. — La explicación oficial es tan inverosímil como reveladora: el Secretario de Seguridad Pública —responsable directo de la Dirección de Protección a Funcionarios— habría confundido el "máximo legal permitido" (16) con la "asignación real" (4). Un error del 300% en cifra específica, pronunciado en conferencia oficial, sobre un tema sensible de uso de recursos públicos.
Curiosamente, el mismo funcionario que se equivocó por cuatro veces el número de escoltas de Salomón, acertó perfectamente en las cifras de los otros dos ex gobernadores: Melquíades Morales (2 elementos) y Guillermo Pacheco Pulido (4 elementos). ¿Cómo explicar esta precisión selectiva?
El timing de la rectificación es igualmente sugerente: no surgió espontáneamente, sino tras el estallido del escándalo mediático. Patrón clásico de control de daños: funcionario dice verdad incómoda, estalla polémica, gobierno rectifica para minimizar impacto político. México ha visto esta película demasiadas veces.
Tres escenarios posibles emergen: (1) Sánchez González dijo la verdad inicialmente y ahora el gobierno miente para contener el daño; (2) el Secretario se equivocó genuinamente por 300% —inverosímil para un militar de alto rango sobre cifra de su propia dependencia—; o (3) Salomón efectivamente tenía 16 elementos cuando el Secretario habló, y fueron reducidos precipitadamente tras el escándalo, permitiendo al gobierno "aclarar" sin admitir error.
Cualquiera que sea el escenario real, la "aclaración" confirma lo esencial: opacidad estructural, discrecionalidad absoluta y privilegio vitalicio intocable. La SSP no publica registros de asignación de escoltas, no ofrece criterios objetivos de evaluación de riesgo, no justifica por qué un funcionario federal con salario de $150,000 mensuales necesita protección pagada por el empobrecido erario poblano.
El problema no es si Salomón tiene 4 o 16 elementos; el problema es que los tiene. Que Morales, más de una década después de dejar el cargo, sigue siendo custodiado por el Estado. Que Pacheco, quien gobernó meses como interino, mantiene 4 escoltas seis años después. Que ningún ex gobernador —incluso aquellos bajo investigación por corrupción— pierde este privilegio vitalicio.
Mientras tanto, la misma ley que garantiza protección permanente a ex mandatarios establece que policías activos pueden ser despedidos "sin que proceda su reinstalación, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa". La élite política se protege vitaliciamente; los trabajadores que proporcionan esa protección son desechables. Incluso si la cifra "real" fuera 4 y no 16, la obscenidad del sistema permanece intacta.
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