Nueve expertos de la ONU advirtieron al gobierno de México que seis megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California amenazan una zona Patrimonio de la Humanidad, la biodiversidad marina y los derechos de 11 millones de habitantes. ¿Otro ecocidio presidenta?
CDMX — Nueve relatores independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una nueva advertencia al gobierno de México por los riesgos que representan seis megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California, una región considerada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y conocida mundialmente como el “Acuario del mundo”. La comunicación, dirigida al gobierno de Claudia Sheinbaum, señala violaciones potenciales a los derechos humanos, daños ambientales acumulativos y amenazas directas para comunidades indígenas y millones de personas que dependen de la pesca y el turismo.
Los expertos recuerdan que la operación de consorcios como México Pacific Limited, LGN Alliance, Sempra Infrastructure y GNL Cosalá compromete 12 áreas naturales protegidas y 33 sitios Ramsar donde viven comunidades indígenas. Advierten que la industria del gas licuado es responsable de aproximadamente 2.3 gigatoneladas de CO₂ al año, y citan el caso de Vista Pacífico en Topolobampo, cuya fase tres podría generar hasta 13.89 millones de toneladas métricas de CO₂ anuales. A ello se suma la liberación de metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO₂.
La comunicación también cuestiona la falta de información pública sobre la ubicación exacta de las instalaciones, la calidad de las manifestaciones de impacto ambiental y los procesos de consulta a comunidades indígenas. Además, solicita explicaciones sobre cómo México pretende cumplir sus compromisos de reducción de emisiones, especialmente el recorte de 30 por ciento en metano pactado en el Acuerdo de París.
El gobierno mexicano respondió que sólo dos proyectos —Terminal Sonora y Gasoducto Sierra Madre— tienen trámites concluidos, mientras que otros cuatro permanecen en evaluación. Defendió la reserva de información sobre ubicaciones por razones de confidencialidad industrial y afirmó que los procesos cumplen con la legislación ambiental y con los compromisos internacionales del país.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias y movimientos como ¡Aquí No! mantienen su exigencia de que se garantice el derecho a un medio ambiente sano y que se investiguen impactos acumulativos en salud, biodiversidad, pesca y turismo. Los relatores insistieron en que los megaproyectos deben incorporar análisis sociales, culturales y climáticos antes de avanzar en cualquier fase de construcción.
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