Diputados del PAN votarán en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que mantiene el control federal sobre el recurso, elimina certidumbre a concesiones y no atiende necesidades del campo, pese a ajustes recientes al predictamen.
Ciudad de México — La discusión sobre la gobernanza del agua vuelve a tensar el clima legislativo. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que no respaldará la reforma hídrica, argumentando que los cambios al predictamen siguen sin corregir los riesgos para productores, industria y organismos operadores en todo el país.
En conferencia, los legisladores informaron que solicitarán a la Comisión de Recursos Hidráulicos aplazar la dictaminación prevista para mañana, con el fin de abrir un periodo de diálogo que incorpore las demandas de los sectores afectados. Para el diputado Paulo Martínez, el proyecto “centraliza el agua en manos de la Federación”, complica los trámites locales y elimina la certeza jurídica de los títulos de concesión.
Según explicó, Morena afirma haber eliminado la prohibición de transmisión de derechos, pero en realidad la condiciona a un comité federal integrado por dependencias como Conagua, Hacienda y Bienestar. Esto, aseguró, convierte la transmisión en un proceso discrecional que limita la gestión del recurso por parte de quienes lo utilizan diariamente.
El diputado Theodoros Kalionchiz añadió que la reforma conserva un enfoque punitivo al ampliar sanciones y posibles causales de prisión. Sostuvo que la iniciativa no acaba con el acaparamiento del agua, sino que “lo centraliza para administrarlo desde el Gobierno federal”, dejando el fondo de reserva sin reglas claras para garantizar asignaciones a los estados.
Por su parte, Marcelo Torres cuestionó la falta de presupuesto específico en el dictamen. Detalló que los recursos federales para el campo disminuirán de 37 mil millones de pesos en 2025 a 36 mil millones en 2026, mientras que Conagua recaudará 25 mil millones por derechos y obligaciones. Para el legislador, estas cifras reflejan un manejo deficiente frente a la emergencia hídrica nacional.
El bloque panista subraya que aún existe espacio para una ley ampliamente consensuada, pero advierte que el texto actual profundiza la distancia entre las decisiones federales y las realidades del sector productivo.

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