La iniciativa de Ley de Seguridad Pública presentada por el gobernador Alejandro Armenta Mier revela una contradicción fundamental: la creencia de que la concentración vertical del poder resolverá problemas generados por la ausencia de controles democráticos y rendición de cuentas.
Puebla de Zaragoza, Puebla. — Bajo el eufemismo del "mando único" (artículos 15-16), el Ejecutivo del Estado de Puebla propone la absorción de las policías municipales mediante un diseño centralista: se implementará cuando "el municipio no cuente con policía" (condición que el propio Estado puede propiciar), cuando "así lo determine el Consejo Local" (controlado por el Ejecutivo), o cuando "así lo solicite el municipio" (bajo presión presupuestal). Es decir, bajo cualquier circunstancia que convenga al poder estatal.
Esta arquitectura jurídica contradice frontalmente el artículo 115 constitucional, que reserva expresamente a los municipios la función de policía preventiva. La Suprema Corte ha sido categórica: la autonomía municipal no es nominal sino sustantiva. La iniciativa poblana dinamita este principio mediante coerción presupuestal, vaciamiento competencial y subordinación administrativa.
Para esta iniciativa, la evidencia empírica es demoledora: los estados que implementaron mando único no redujeron significativamente la incidencia delictiva. Baja California, con mando único desde 2010, registra tasas de homicidio tres veces superiores al promedio nacional. ¿Por qué? Porque la seguridad no es un problema de organigramas sino de institucionalidad democrática, profesionalización sostenida y arraigo territorial. Una policía estatal centralizada carece del conocimiento micro-territorial que solo proporciona la inmersión municipal.
Militarización, Precariedad y Simulación Participativa
El gobierno de Puebla propone las Mesas de Paz (artículos 143-145) que institucionalizan la militarización permanente al integrar obligatoriamente a Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en sesiones diarias sobre seguridad civil. Esta normalización de presencia militar invierte el principio constitucional: no son autoridades civiles quienes excepcionalmente solicitan apoyo, sino militares quienes participan ordinariamente en decisiones que deberían ser exclusivamente civiles. Es un debate de fondo no resuelto en todo el país pero en Puebla probablemente se normalizará.
Lomás preocupantes que el régimen laboral policial propuesto reproduce las peores prácticas. El artículo 54 elimina la garantía de estabilidad laboral: los policías pueden ser separados "sin que proceda su reinstalación, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa". Los requisitos de permanencia (artículo 68-B) configuran 14 causales de separación con ambigüedad deliberada. El sistema de evaluaciones incluye el examen poligráfico —rechazado científicamente—, con resultados confidenciales que impiden defensa efectiva. La suspensión preventiva puede extenderse indefinidamente sin salario.
Surge la pregunta: ¿Cómo construir policías profesionales cuando se les somete a incertidumbre permanente, evaluaciones arbitrarias y nula estabilidad? Este modelo está diseñado para generar corporaciones rotativas, despolitizadas por el miedo, leales al superior jerárquico más que a la institución.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (artículos 146-163) es una fachada institucional perfecta: sus consejeros son nombrados por el Ejecutivo "a propuesta del Consejo Ciudadano", creando un círculo autorreferencial. Carece de facultades vinculantes, poder de veto o mecanismos de exigibilidad. Las causales de remoción incluyen "actuar contrario a los intereses del Consejo" o "las demás que se estimen graves". Es participación ciudadana decorativa, legitimación cosmética del poder unilateral.
Revisando la evidencia empírica y la criminología comparada se demuestra que las sociedades más seguras no son las más centralistas sino las más democráticas. Los modelos exitosos comparten descentralización operativa, participación vinculante, rendición de cuentas rigurosa y profesionalización meritocrática. La iniciativa poblana ofrece exactamente lo contrario.
Así que el verdadero propósito del mando único no es combatir eficazmente la inseguridad sino centralizar la responsabilidad política del fracaso. Cuando la violencia persista, el Ejecutivo podrá culpar a la Federación, a municipios díscolos, a jueces liberadores, a cualquiera excepto a sí mismo. El mando único es la coartada perfecta: permite concentrar poder sin asumir responsabilidad.
El Congreso de Puebla enfrenta una decisión histórica: aprobar una ley que dinamita el federalismo constitucional en aras de un centralismo que ya demostró su fracaso, o construir una alternativa que fortalezca municipios, democratice la seguridad y respete la Constitución. La disyuntiva es clara: no existen atajos autoritarios hacia la seguridad. El centralismo no combate la inseguridad; la administra, la perpetúa y la convierte en coartada para la concentración del poder.
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