El Gobierno del Estado de Puebla formalizó una ofensiva legal contra Antonio Valente Martínez, alias El Toñín, por presuntas amenazas dirigidas al titular de Gobernación, Samuel Aguilar Pala. La FGE confirmó investigaciones abiertas por delitos graves, mientras el gobernador Alejandro Armenta solicitó intervención federal por huachicol y homicidios.
Puebla de Zaragoza, Pue. — El conflicto entre el Gobierno de Puebla y Antonio Valente Martínez escaló a un nivel institucional tras la difusión de un video con presuntas amenazas explícitas contra el secretario de Gobernación estatal. La administración encabezada por Alejandro Armenta Mier cerró filas y activó una respuesta legal que coloca al presunto líder huachicolero en el centro de múltiples investigaciones.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, anunció públicamente la preparación de una denuncia formal por amenazas contra Antonio Valente Martínez, conocido como “El Toñín”. Aunque la querella aún no había sido ingresada al momento de la declaración oficial, el área jurídica estatal analiza incluir a la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, dentro del mismo expediente.
El gobernador Alejandro Armenta Mier calificó las amenazas como inaceptables y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para investigar y detener a El Toñín por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos huachicol y homicidios. La postura del Ejecutivo estatal marcó un endurecimiento del discurso y de la estrategia política frente al caso.
La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancurt, confirmó que existen carpetas de investigación abiertas contra Antonio Valente Martínez Fuentes. Por razones de sigilo procesal, la Fiscalía evitó detallar el contenido de las indagatorias, pero ratificó que el señalado ya es objeto de acciones ministeriales en curso.
La confrontación se detonó tras un bloqueo en la autopista Puebla-Orizaba, iniciado el 2 de diciembre. Luego de que Aguilar Pala solicitara a la alcaldesa de Quecholac intervenir para liberar la vialidad, El Toñín difundió un video con expresiones intimidatorias que el gobierno estatal interpretó como una amenaza directa.
Con la exigencia de detención planteada por el gobernador y las investigaciones confirmadas por la Fiscalía, el caso quedó formalmente bajo presión estatal y con proyección federal.
0 Comentarios