Cerca de 3 mil habitantes de Quecholac, Puebla, se concentraron en Palmarito Tochapan para respaldar a la alcaldesa Guadalupe Martínez Gerardo y al agricultor Antonio Valente Martínez Fuentes, El Toñín. Exigieron respeto, presunción de inocencia y el fin de la fabricación de delitos por parte de autoridades estatales y federales.

Quecholac/Palmarito, Puebla. — La tensión política en el municipio de Quecholac se trasladó al espacio público con una concentración masiva que buscó enviar un mensaje directo al Gobierno del Estado de Puebla. Familias, campesinos y vecinos se reunieron de manera pacífica para rechazar lo que calificaron como una persecución institucional y un intento de desprestigio contra autoridades electas y pobladores del municipio.

El encuentro se realizó en el patio de los domos de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, donde alrededor de 3 mil habitantes expresaron su respaldo a la presidenta municipal Guadalupe Martínez Gerardo, luego de que la Secretaría de Gobernación estatal hiciera pública la intención de impulsar la revocación de su mandato.

Con consignas como “Lupita no está sola” y “El pueblo la pone, el pueblo la quita”, los asistentes exigieron respeto al voto popular y advirtieron que no permitirán que el Estado intervenga para retirar del cargo a una autoridad que, afirmaron, ha cumplido con su labor al frente del ayuntamiento.

Durante la asamblea, los participantes también manifestaron su respaldo al agricultor Antonio Valente Martínez Fuentes (presunto huachicoiero) y a su familia. Los oradores denunciaron intentos de criminalización contra quienes se dedican al campo y reprocharon discursos oficiales que, señalaron, vulneran el principio de presunción de inocencia.

Campesinos de distintas comunidades tomaron la palabra para describir su trabajo diario y defender su derecho al agua y a la tierra. Aseguraron que no aceptarán ser estigmatizados ni intimidados con acusaciones que consideraron infundadas.

El acto concluyó con un llamado colectivo a las autoridades del Estado y del gobierno federal para frenar lo que definieron como una persecución política. Tras los pronunciamientos, más familias continuaban arribando al lugar, reafirmando el respaldo público a la alcaldesa y a su padre El Toñín.

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