La guerra interna de Morena en Puebla escala: el gobierno estatal podría destituir a Guadalupe Martínez tras acusaciones de que su padre, alias "El Toñín", orquestó el bloqueo carretero con respaldo de los Mier. El caciquismo cobra factura.
Puebla de Zaragoza, Pue. — La crisis política que estalló en Quecholac tras el bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba alcanzó este jueves un punto de no retorno: la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla anunció que evaluará la viabilidad de la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Martínez Gerardo, tras determinar si existen condiciones de ingobernabilidad en el municipio. La decisión llega después de que el diputado Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal de Morena, acusara públicamente a la familia Mier de mantener vínculos con Antonio Valente Martínez, alias "El Toñín", padre de la alcaldesa y presunto líder huachicolero que habría orquestado el bloqueo carretero usando la protesta contra la Ley de Aguas como fachada.
La investigación que ahora contempla la Segob no es solo administrativa: es el reconocimiento implícito de que el gobierno estatal de Alejandro Armenta ya no confía en la alcaldesa de Quecholac, y que considera seriamente que el municipio está bajo control de intereses ajenos al bien público. Villegas Mendoza había exigido días atrás que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue los presuntos vínculos entre la familia Mier —el senador Ignacio Mier Velazco y su hijo, el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos (Nacho Mier Jr.)— y "El Toñín". Ahora, con la Segob evaluando la revocación de mandato, esa exigencia cobra peso institucional. No es solo una denuncia política: es una investigación en marcha que puede costar el cargo a una alcaldesa de Quecholac.
El argumento de Villegas es demoledor: considera que existe "clara complicidad" en el hecho de que el bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba —que paralizó una de las arterias comerciales más importantes del país durante más de 24 horas— se levantó justo después de la intervención de Nacho Mier Jr. mediante un video. Según el líder morenista, los transportistas y productores que bloquearon la carretera fueron "presuntamente alentados por 'El Toñín'" bajo el pretexto de la protesta contra la Ley Nacional de Aguas, pero el verdadero objetivo era desestabilizar la gobernabilidad del estado y presionar al gobierno de Armenta. Y en ese operativo, Guadalupe Martínez, como alcaldesa del municipio donde ocurrió el bloqueo, habría jugado un papel al menos de omisión, si no de facilitación.
Lo que hace explosiva esta historia es la figura de "El Toñín". Villegas lo describió como presunto líder huachicolero, término que en México se asocia directamente con el robo de combustible, una actividad que ha generado fortunas criminales y que implica redes de protección política. Si Antonio Valente Martínez efectivamente tiene ese perfil, y si su hija gobierna Quecholac hay un problema mayúsculo: el municipio eligió como alcaldesa a la hija de un presunto delincuente, y solo ahora, cuando el conflicto estalló públicamente, se decide investigar.
La pregunta que Villegas planteó desde el inicio sigue sin respuesta: ¿por qué desde la administración de Miguel Barbosa —gobernador anterior y aliado histórico de los Mier— nunca se actuó legalmente contra "El Toñín"? La respuesta implícita es incómoda: porque era funcional al proyecto político de ese grupo. Villegas ahora exige que la Fiscalía investigue los vínculos entre Valente Martínez y la familia Mier, y señala que esa alianza "viene de cuando ellos gobernaban Tecamachalco". Es decir, el pacto entre un clan político poderoso y un operador territorial con presunto perfil criminal no es nuevo: es la forma en que se ha ejercido el poder en esa región de Puebla durante años.
La Segob ahora tiene la decisión en sus manos. Si determina que existen condiciones de ingobernabilidad en Quecholac —y el bloqueo de más de 24 horas de una autopista federal bajo la jurisdicción del municipio es difícil de no calificar como tal— puede iniciar el proceso de revocación de mandato. Esto implicaría que Guadalupe Martínez perdería el cargo y se nombraría un interinato. Pero más allá del procedimiento legal, la revocación sería un mensaje político brutal: Morena en Puebla está limpiando casa, separando el proyecto de Armenta del de los Mier, y dejando claro que no tolerará alcaldes que respondan a caciques locales antes que al gobierno estatal.
Para Guadalupe Martínez, la situación es insostenible. Su padre está acusado de ser un presunto líder huachicolero que orquestó un bloqueo federal. El líder estatal de su propio partido exige investigación sobre sus vínculos con una familia política poderosa. Y ahora el gobierno estatal evalúa revocar su mandato por ingobernabilidad. Incluso si ella fuera completamente inocente de cualquier vínculo con actividades ilícitas —lo cual no está probado ni descartado— el simple hecho de que su padre sea "El Toñín" y de que el bloqueo ocurriera en su municipio la coloca en una posición imposible. ¿Cómo gobierna un municipio cuando el secretario de Gobierno del estado considera que no hay condiciones de gobernabilidad?
Para los Mier, la situación también es crítica. Si la Fiscalía investiga y encuentra vínculos entre ellos y "El Toñín", el daño político sería irreparable. Ya no se trataría solo de disputas internas de Morena, sino de posible colusión con un presunto delincuente. Y aunque Nacho Mier Jr. podría argumentar que su video buscaba pacificar la situación y liberar la autopista —lo cual es cierto—, el hecho de que un simple video suyo tuviera ese efecto prueba exactamente lo que Villegas denuncia: que existe un vínculo, una capacidad de influencia, una relación de confianza entre los Mier y quienes controlaban el bloqueo. Y si quien controlaba el bloqueo era "El Toñín", entonces la línea queda trazada.
La decisión de la Segob de evaluar la revocación de mandato es también una señal para otros alcaldes en Puebla: el caciquismo ya no será tolerado, al menos no en el proyecto de Armenta. Los presidentes municipales que respondan a operadores locales, que faciliten bloqueos o desestabilización, que tengan vínculos con actividades ilícitas o con familias políticas que los tengan, están advertidos. La Cuarta Transformación en Puebla tiene dos caras: la de Armenta que intenta gobernar con institucionalidad, y la de los Mier que operan con métodos de siempre. Y la Segob, al evaluar esta revocación, está definiendo bando.
El caso de Quecholac es un microcosmos de lo que ocurre a nivel nacional. Un partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción y el caciquismo, pero que en su construcción territorial integró a operadores, caciques y estructuras priistas que simplemente cambiaron de playera. Ahora, cuando esos vínculos explotan públicamente —como en el bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba—, el partido enfrenta una decisión: ¿purga esas estructuras o las protege? En Puebla, con Villegas acusando y la Segob evaluando revocación, parece que eligieron la purga. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿cuántos Mier mantienen esos vínculos mientras proclaman estar del lado del pueblo? La respuesta probablemente no gustará a nadie. Pero al menos en Quecholac, alguien ya está haciendo las preguntas.
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