Morena celebra el fin del acaparamiento y el mercado negro del agua, mientras la oposición denuncia centralismo, simulación de diálogo y la mayor traición a los productores en décadas. La reforma pasará, pero la fractura con el campo se profundiza.
CDMX — El Senado de la República culmina este jueves el trámite legislativo de la Ley General de Aguas, enviada por la Cámara de Diputados, en medio de un debate que expuso las heridas abiertas entre el oficialismo y un campo mexicano que siente que lo traicionaron. La minuta, conformada por 45 artículos y dos transitorios, regula el derecho humano al agua, establece prelaciones que priorizan el consumo humano y doméstico, y crea las bases para una Estrategia Nacional Hídrica. Pero detrás del lenguaje técnico y las promesas de "justicia hídrica", el debate senatorial reveló dos lecturas irreconciliables: Morena y sus aliados celebran haber recuperado la rectoría del Estado sobre un recurso estratégico; la oposición denuncia un acto de centralismo autoritario que concentra poder sin transparencia y aplasta la autonomía regional.
La senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, defendió la reforma con el discurso oficial: garantiza el derecho humano al agua para los mexicanos y "principalmente para los productores que alimentan a nuestro país". Según su narrativa, la ley eliminará la sobreexplotación de mantos acuíferos, terminará con el acaparamiento, con la desigualdad en la distribución y con el mercado negro de compraventa del recurso. Es la versión heroica: el Estado recupera el agua que los malos le habían quitado al pueblo. Pero esa narrativa choca con la realidad que viven los productores en las carreteras bloqueadas de Zacatecas, Chihuahua, Puebla y otros estados, donde miles de agricultores no se sienten protegidos sino amenazados por esta ley.
Del otro lado, el senador panista Mario Humberto Vázquez Robles fue tajante: el campo está "desmantelado y ahora traicionado" con una reforma que "no fue ni siquiera consultada con los productores ni con las comunidades". Acusó que la ley se construye sobre una "falsa narrativa de acaparamiento" y que si realmente existen personas que se enriquecen con la comercialización del agua, "digan quiénes son". El señalamiento es certero: Morena habla de un "cártel del agua" pero jamás lo identifica con nombres y apellidos, lo que permite aplicar la ley discrecionalmente contra quien sea conveniente. La ambigüedad no es accidental: es funcional al control político.
Aún más dura fue la priista Mely Romero Celis, quien calificó el momento como "la más grande traición al pueblo de México", una traición a quienes confiaron en la Cuarta Transformación. Acusó que decidieron ver a los campesinos como un "estorbo" y no como el corazón productivo del país, que simularon diálogo cuando la decisión ya estaba tomada: concentrar todo el poder del agua en manos del gobierno federal "sin transparencia y sin rendir cuentas". Esa es la clave que la oposición martilla: no se oponen a regular el agua, se oponen a cómo se está haciendo, con qué métodos y con qué objetivos reales. Porque una ley que promete "justicia hídrica" pero omite la consulta a pueblos indígenas, que centraliza decisiones sin fortalecer capacidades locales, y que genera más temor que certeza en los productores, no es justicia: es imposición.
El Partido Verde, aliado incondicional de Morena, intentó la postura conciliadora. La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez aseguró que "muchas de las peticiones del campo quedaron incorporadas" en la minuta, lo que permite un balance entre el interés productivo y el derecho al agua. Destacó que la ley reconoce la posibilidad de heredar títulos de concesión, aclara el procedimiento para la reasignación de volúmenes y respeta la permanencia de derechos en contextos agrarios y ganaderos. Es cierto que el dictamen final incorporó modificaciones tras las protestas, pero como señaló Rubén Moreira en Diputados, esos cambios llegaron tarde, fueron insuficientes y no eliminan las contradicciones internas de la ley.
Por el PT, Alejandro González Yáñez fue directo: esta reforma busca "acabar con la mafia del agua, con el caciquismo, con el abuso" y lograr la justicia hídrica para México. Subrayó que se reconoce el agua como bien público y se crea la Secretaría del Agua como organismo regulador "sin crear más burocracia o presupuesto administrativo". Pero esa última afirmación es cuestionable: crear una nueva secretaría implica necesariamente estructura, personal y presupuesto. Y si no viene con recursos suficientes, será otra dependencia federal inoperante como lo ha sido Conagua durante décadas.
Movimiento Ciudadano, por voz de Néstor Camarillo Medina, anunció que su bancada "no será cómplice de una ley que le da la espalda a los campesinos", que ignora a los productores, que no consultó a pueblos originarios y que "en lugar de resolver la crisis hídrica la agrava con el centralismo y la discrecionalidad". Denunció que se envuelve en la bandera de "devolverle al pueblo" el recurso, pero lo que realmente hará es arrebatar la autonomía del agua a las regiones para concentrarlo en un escritorio. Esa imagen es poderosa: el agua no será del pueblo, será de quien controle ese escritorio en la nueva Secretaría del Agua.
Pero ¿qué dice realmente la ley? Los 45 artículos y dos transitorios establecen principios como no discriminación, sustentabilidad, universalidad, prevención y participación ciudadana. Regulan el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, y fijan competencias entre los tres órdenes de gobierno. Prometen una Estrategia Nacional Hídrica elaborada por diversas dependencias federales para evaluar vulnerabilidad hídrica de ecosistemas, centros de población e infraestructura. Reconocen los Sistemas de Captación de Agua Pluvial y los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento que operan sin fines de lucro. Y establecen que cualquier concesión, asignación o prórroga debe priorizar el consumo humano y doméstico.
El artículo más polémico establece que si existe riesgo de disponibilidad de agua para consumo humano o doméstico, la Autoridad del Agua —previa valoración técnica e información oportuna— disminuirá o cancelará el volumen de agua concesionada. Ahí está la discrecionalidad que aterra al campo: ¿quién define el "riesgo"? ¿Qué tan oportuna será la información? ¿Qué recursos tiene un productor para impugnar una cancelación? En un país donde 70 de las 100 principales ciudades ya enfrentan estrés hídrico y donde el Monitor de Sequía muestra más del 60% del territorio con algún grado de sequía, esa facultad de "disminuir o cancelar" concesiones es una espada de Damocles sobre millones de productores.
La ley también regula la transmisión de dominio de tierras vinculadas con títulos de concesión: cuando se transmita el dominio, el nuevo propietario conservará los derechos sobre el agua, y la Autoridad del Agua expedirá un nuevo título conforme a las características del original y por el plazo remanente "exceptuando el análisis de disponibilidad". Esto es lo que Morena presenta como garantía del binomio tierra-agua, pero la oposición señala que sigue habiendo condicionantes burocráticos que pueden trabar herencias y ventas. Además, se precisa que en unidades, distritos o sistemas de riego, la distribución interna de agua se hará cumpliendo reglamentos internos "sin que en ningún caso pueda variar parcial o totalmente el uso concesionado". Y que en actividades primarias —agrícola, pecuario, acuícola— la combinación de éstas no implicará cambio de uso.
Son candados que Morena agregó tras las protestas para calmar al campo, pero que no eliminan el problema de fondo: la ley concentra decisiones en una autoridad federal sin fortalecer capacidades regionales, sin inversión masiva en infraestructura, sin un plan claro para enfrentar la sequía extrema que muestra el monitor de Conagua, y sin resolver la competencia feroz entre usos urbanos, agrícolas, industriales y ambientales del agua. La Estrategia Nacional Hídrica que promete suena bien en papel, pero llega décadas tarde y sin los recursos necesarios para ejecutarse.
Lo que quedó claro en el debate senatorial es que Morena tiene los votos pero no el consenso. Logra imponer su visión de "justicia hídrica" y "rectoría del Estado", pero dejó un campo furioso que bloquea carreteras en 10 estados, una oposición que habla de "traición histórica", y millones de mexicanos urbanos que aún no saben si esta ley les garantizará el agua que necesitan o solo cambiará quién controla su escasez. La reforma pasa, pero la batalla por el agua apenas comienza. Y en un país donde cada año llueve menos, donde los acuíferos colapsan y donde 10 millones de personas carecen de acceso básico al líquido, gobernar el agua sin consenso es administrar una bomba de tiempo. Morena promete que esta ley es histórica. El tiempo dirá si lo es por las razones correctas o por el conflicto social que desató.
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