El Senado recibe la iniciativa para bajar de 48 a 40 horas semanales, pero el esquema gradual; inicia en 2027 y concluye hasta 2030 y las dudas sobre su impacto económico ensombrecen lo que el oficialismo celebra como reforma histórica. ¿cómo afectará esta reforma a las micro, pequeñas y medianas empresas?
CDMX — El Senado de la República recibió este martes las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, en lo que el oficialismo presenta como una reforma histórica para millones de trabajadores. Sin embargo, el entusiasmo oficial choca con una realidad incómoda: la implementación será gradual y no iniciará hasta 2027, culminando recién en 2030. Es decir, los trabajadores mexicanos deberán esperar casi seis años para disfrutar completamente de un derecho que en otras latitudes es estándar desde hace décadas. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, celebró las propuestas como "un paso firme hacia una vida laboral más justa", pero la pregunta es si ese paso no resulta demasiado lento para quienes hoy sufren jornadas extenuantes.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y el sector privado establece una reducción de dos horas por año a partir de 2027, con 2026 como periodo de adecuación para que las empresas reorganicen sus procesos productivos. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró que la reforma garantiza que no habrá reducción de sueldos ni prestaciones, y que por primera vez se prohíbe que menores de edad realicen horas extras. Además, se redefine el régimen de horas extraordinarias: un máximo de cuatro horas extra por día, en no más de cuatro días a la semana, pagadas al doble. Todo suena razonable en el papel, pero la implementación diferida levanta sospechas: ¿es una medida pensada para proteger a los trabajadores o para no incomodar demasiado rápido a los empresarios?
La iniciativa llega en un contexto económico complejo. Aunque los salarios han mostrado cierta recuperación en los últimos años, las utilidades empresariales y la inversión privada han retrocedido. Las cámaras empresariales, aunque públicamente respaldan el acuerdo, han expresado en privado inquietud sobre el impacto en la productividad y los costos operativos. La pregunta que nadie en el oficialismo quiere responder es evidente: ¿cómo afectará esta reforma a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido productivo del país y operan con márgenes ajustados? El esquema gradual podría ser una concesión para evitar un choque inmediato, pero también revela que el gobierno es consciente de los riesgos económicos que entraña la medida.
Más allá de los tecnicismos, esta reforma expone una paradoja del proyecto de la Cuarta Transformación: se presenta como una conquista social histórica, pero su diseño conservador y su calendario dilatado la vacían de radicalidad. México es uno de los países con jornadas laborales más largas de la OCDE, pero también uno de los menos productivos. La reducción de horas podría, en teoría, mejorar la calidad de vida y hasta la eficiencia, pero eso dependerá de que el cambio vaya acompañado de inversión en capacitación, tecnología y mejores condiciones. Sin eso, la reforma corre el riesgo de quedarse en un gesto simbólico que beneficia más al discurso oficial que a los trabajadores. Las iniciativas fueron turnadas a comisiones y comenzará su debate legislativo. Mientras tanto, millones de mexicanos seguirán cumpliendo jornadas agotadoras, con la promesa de que en 2030 —si todo sale bien— podrán recuperar algo del tiempo de vida que el trabajo les ha arrebatado.
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