Desde Puebla, quienes integramos Región Global expresamos nuestra solidaridad absoluta con el periodista Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta. El uso del aparato judicial para perseguir periodistas vulnera el debido proceso y amenaza la libertad de expresión y la democracia.
Editorial
Puebla de Zaragoza, Puebla — El periodismo que incomoda al poder suele enfrentar resistencias que trascienden la crítica pública y se trasladan a terrenos más peligrosos. El caso del periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, representa una de esas fronteras en las que la legalidad comienza a ser utilizada como instrumento de presión contra el ejercicio informativo.
Desde Región Global expresamos nuestra amplia y firme solidaridad con Rodolfo Ruiz y con el equipo de e-consulta. Quienes laboramos en este medio, encabezados por nuestro fundador Horacio De la Cruz, reconocemos en Ruiz a un periodista profesional de larga trayectoria, cuya labor se ha caracterizado por investigaciones documentadas, rigurosas y nunca desmentidas en su sustancia. Su trabajo ha sido incómodo para distintos intereses, pero esa incomodidad es parte esencial del periodismo que cumple su función social.
La judicialización de su labor no puede analizarse de manera aislada. La utilización del derecho penal para perseguir a un periodista, bajo señalamientos que arrastran inconsistencias evidentes y se reactivan tras años de inacción institucional, remite a prácticas que creíamos superadas. Resulta inevitable recordar que investigaciones periodísticas previas de Ruiz fueron objeto de represalias durante administraciones pasadas, en particular bajo el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, cuya gestión dejó una herencia de confrontación con la prensa crítica.
La gravedad del momento no radica únicamente en la situación personal del periodista, sino en el mensaje que se envía al gremio. Cuando el aparato de justicia se emplea para castigar investigaciones periodísticas bajo el pretexto de delitos fabricados, se erosiona el Estado de derecho y se fomenta la autocensura. No se trata de privilegios para la prensa, sino de garantías mínimas para que el escrutinio público pueda ejercerse sin temor.
Nos sumamos a la condena del uso de procesos judiciales como mecanismo para silenciar o perseguir a quienes ejercen periodismo genuino. La libertad de expresión no se defiende con discursos, sino con decisiones institucionales que respeten el debido proceso y reconozcan el valor democrático de la información.
Rodolfo Ruiz y e-consulta no están solos. La solidaridad entre medios y periodistas es hoy una responsabilidad ética frente a intentos que buscan normalizar la persecución bajo ropajes legales.
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